Por: Arturo Woodman
Expreso, 10 de noviembre de 2020
Las AFP iniciaron sus operaciones hace 26 años, siempre operando con normalidad, teniendo un crecimiento apreciable, con transparencia y competencia, pero como toda actividad financiera, reciben críticas en lo referido a las comisiones por administrarlas, disminuyendo ligeramente los beneficios a los usuarios.
El objetivo de esta actividad es apoyar al sistema de pensiones a través del ahorro de parte del ingreso de sus afiliados, ascendente al 13% (10% ahorro capitalizable). Estos ahorros acumulados, pero en cuentas individualizadas, se invierten en acciones de Empresas o Fondos acreditados, lográndose una rentabilidad apropiada (m/n 8%), superior a las cuentas tradicionales de ahorros de otras entidades.
Otra ventaja importante que se logra con este sistema es que los ahorros totales acumulados (antes de los retiros) habrían llegado a 45 mil millones de dólares, permitiendo que el 50% de estos apoyen al país, al poder llevarse adelante proyectos cofinanciados con determinados fondos o empresas.
A pesar de estos claros beneficios que reciben los aportantes, el país y además la generación de puestos de trabajo, todo ello derivado del Sistema Pensionario, tanto de la AFP privada, como de la ONP y Pensión 65 Estatal, pero últimamente, el actual Congreso, poniendo en evidencia que no tienen una clara visión de la importancia que tienen estas instituciones, está aprobando leyes y promoviendo otras, que estarían produciendo el deterioro y hasta la destrucción de las AFP. Inclusive, tratando al Sistema como si fueran el tradicional ahorro del “chanchito”, que cuando se rompe o destruye, para obtener sus ahorros, estos están devaluados y sin ninguna ganancia económica.
Es cierto que la complicada pandemia nos ha traído graves inconvenientes, lamentables fallecimientos y millones de pérdidas de puestos de trabajo, que necesitan apoyo económico, pero resolverlos destruyendo el Sistema Pensionario, estimo que no es la solución más apropiada, al complicarse el futuro de sus aportantes.
Independiente de este negativo camino de complicar y hasta destruir el tema Pensionario del País, este está operando de acuerdo a nuestra Constitución, que precisa en el artículo N° 11 que tanto la salud, educación y “pensiones” serán atendidos por el sector público y privado. Sin embargo, el actual Congreso de la República estaría proponiendo como solución unir ambos sistemas (AFP y ONP) en uno solo y administrado por el Estado a través de una comisión de técnicos, olvidando que el Estado ya ha demostrado que es un “pésimo” administrador.
Un problema importante por resolver es que en el Perú el 8% de su población son mayores de 65 años, alrededor de 2.5 millones, de los cuales 1 millón están jubilados por la ONP o Pensión 65 y aproximadamente 100 mil por la joven institución privada AFP, y por lo tanto 1.4 millones no están cubiertos.
Finalmente, el sistema pensionario es fundamental, pero el Congreso no debe tomar decisiones apresuradas o incoherentes, en relación a la operatividad de las AFP, que necesitan algunos cambios, como la regulación de las comisiones, entre otros, pero evitando que se destruyan, al ser administradas por el Estado.
