Por: Araceli Acuña Chávez
El Comercio, 3 de marzo de 2021
Desde hace algunos años, existen grandes problemas en el sector público que nos impiden funcionar como un Estado eficaz. Dichos problemas se agudizaron con el COVID-19 y generaron ineficiencias en la provisión de servicios públicos, lo que impactó directamente en la calidad de vida del ciudadano. En esa línea, es importante la ejecución de medidas que generen un Estado capaz y competitivo.
En el Informe de Competitividad 2021, el CPC plantea algunas medidas para mejorar la eficiencia del sector público.
Según el Ministerio de Trabajo, en el 2019 existían cerca de 1.5 millones de servidores públicos (9.7% de la PEA ocupada). En atención a ello, en 2013 se dio la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; sin embargo, han pasado más de siete años y ninguna entidad del sector público ha culminado el proceso de implementación de esta ley. A diciembre de 2020, únicamente 501 (de un total de más de 2.000 entidades) se encuentran en tránsito al régimen de la misma.
El diseño de la ley y las complicaciones de las entidades para organizarse y transitar al nuevo régimen dificultan que se efectúe en su totalidad. Además, la inestabilidad política que genera una alta rotación del personal en puestos clave (entre 2016 y 2020, la duración promedio de un director general, fue de 6,9 y 10,4 meses, respectivamente, en sectores importantes como el Minsa y el MTC) dificulta la ejecución de políticas públicas eficientes.
En los últimos meses, el Congreso dictó leyes que trajeron abajo reformas importantes en materia de recursos humano en el sector público, como el DU 014-2020 (negociación colectiva), el DU 016-2020 (ingreso de los servidores a la administración pública) y la autógrafa de Ley de eliminación del régimen CAS, que tiene un impacto potencial anual de cerca de S/4 mil millones.
Ante esta situación, el CPC propone contratar directivos y servidores públicos en puestos clave mediante procesos meritocráticos y nombramiento regulado. En un contexto como el actual, sectores prioritarios como el Minsa y el MTC deberían disponer de mecanismos especiales (concurso abierto de selección, levantamiento del secreto bancario, nombramiento regulado por tres años renovables, evaluación, remuneraciones competitivas) para contar con directivos de primer nivel y un equipo de trabajo con similares beneficios.
Otra medida a corto plazo es la revisión del ejercicio sancionatorio de la Contraloría General de la República (CGR) para mejorar el control y evitar la inacción en la función pública. Dicho ejercicio debería basarse en la legalidad del proceso y en verificar que se cumplen las metas y propósitos de la acción pública. Para eso, es indispensable respetar el concepto de discrecionalidad detallado en su norma (Ley 29622) y en los diversos sistemas funcionales del Estado, como el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a fin de compatibilizar este concepto de discrecionalidad.
Urge implementar propuestas como estas, de lo contrario, será aún más complicado afrontar la crisis generada por la pandemia. Hoy más que nunca es vital que el Perú sea más competitivo. Para ello, se requiere de un sector público eficiente, con personal calificado que facilite la provisión de servicios públicos de calidad en beneficios del ciudadano.
