Guik, 9 Febrero 2022
Escribe: Aníbal Quiroga León
(*) Jurista. Profesor Principal en la PUCP.
cuando los organismos del Estado transitan por los caminos que están al margen de la Constitución esto es lo que puede ocurrir. Simplemente no les hacen caso y no pasará absolutamente nada, porque al no ser una parte orgánica del Estado peruano no tienen cómo ejercer funciones ni tienen funciones propiamente dichas ni formas coercitivas de cómo hacerse valer.
El fantasmal ‘Consejo de Estado’, que no existe en la Constitución, ya había sido arrochado alevemente por el ex premier Bellido en meses pasado. Zorro viejo de la política izquierdista, se dio cuenta que nada le debía puesto que tal “institución” no tiene cabida ni lugar en la Constitución. Por qué entonces el Presidente de la República se va a sentar con una figurones públicos, en minoría, para recibir un apanado político-institucional. Por causa de qué. En nombre de qué. Si no cumple con las formalidades constitucionales esenciales, menos habrá de cumplir con aquellas informalidades constitucionales que algunos sabios de la política han querido implantar alevemente.
Lo que pasa es que -y eso se diluye en la falta de cultura política básica- es que esta supuesta pomposa institución no existe en la Constitución. Y si no existe, no es constitucional. Y aunque algunos atribuyen su autoría a Antero Flores Araoz, siendo Presidente del Congreso, como una especie de “te de tías político”, algo anodino e intrascendente. Algo típico en el Perú donde lo anodino cobra mucha importancia, y lo verdaderamente importante es encarpetado por mucho tiempo.
Pero, desde mi punto de vista, su implementación y manipulación política, como interpretación auténtica, fue materializada por parte del expresidente Vizcarra para crear un organismo de coordinación entre las altas autoridades de los órganos autónomos y los poderes del Estado -eludiendo la necesaria coordinación política con el Congreso y con sus bancadas, como bien apunta el profesor Carlos Hackanson- y que tienen como defecto principal no tener cabida en la Constitución.
Si revisamos el texto expreso de la Constitución escrita que nos rige, la expresión “Consejo de Estado” no tiene existencia. Por lo tanto, es una reunión informal, sin actas, quizás con una café aguado y galletas Chaplin de por medio, de un cuerpo colegiado que pretende ser institucional, pero que en la realidad representa exactamente lo contrario: la falta y ausencia de una institucionalidad democrática elemental, básica, primaria; esas cosas que Vizcarra y a sus émulos sacan de la manga para encandilar a un público -y a una prensa- poco ilustrados en el ABC de nuestro sistema constitucional.
Pero claro, cuando los organismos del Estado transitan por los caminos que están al margen de la Constitución esto es lo que puede ocurrir. Simplemente no les hacen caso y no pasará absolutamente nada, porque al no ser una parte orgánica del Estado peruano no tienen cómo ejercer funciones ni tienen funciones propiamente dichas ni formas coercitivas de cómo hacerse valer.
La Sra. Presidenta del Poder Judicial que ahora pretende revivir a este fantasma, o al Sr. Defensor del Pueblo que rápidamente se quiere aupar en este frankenstein constitucional, al mismo, parecería no tener mejor cosa que hacer en sus instituciones, pretenden dar la impresión que al interior de sus organismos todo funciona muy bien y como reloj suizo, que la defensoría del pueblo se ha fajado con éxito en, por ejemplo, el ultimo desastre ambiental, o que el Poder Judicial no está de vacaciones, que en la actual crisis de salubridad por la pandemia que nos asola los procesos son más seguros y céleres, que las sentencias son más expeditivas y seguras, que no hay más corrupción, y que la opinión pública y los usuarios del sistema de justicia están felices con el muy valioso aporte de estas instituciones.
Mejor sería -como ya se había dicho- que los organismos públicos y constitucionales que quieren auparse a este fantasma constitucional se dedicaran, al interior de sus propios organismos, a que estos funcionen bien, de la manera más adecuada y dentro de los cauces que la propia Constitución señala, que es lo que corresponde a un Estado democrático y de derecho.
