Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 30 de abril del 2025
“Los proyectos de irrigación en el Perú se han desarrollado sobre terrenos del Estado vendidos posteriormente para su explotación, constituyendo la base de las principales zonas de agroexportación”.
El ministro de Agricultura anunció un ambicioso paquete de inversiones para transformar cientos de miles de hectáreas de terrenos eriazos en zonas agrícolas productivos, mediante inversión en infraestructura como reservorios, túneles y canales. La promesa es enorme: generación masiva de empleo y expansión de la agroindustria, uno de los principales motores de bienestar social y económico del país.
Según la Ley de Recursos Hídricos, el agua es un bien público administrado por el Estado y asignado su uso a través de licencias asociadas al suelo, independientemente de su titularidad. Históricamente, los proyectos de irrigación en el Perú se han desarrollado sobre terrenos del Estado vendidos posteriormente para su explotación, constituyendo la base de las principales zonas de agroexportación.
La titularidad estatal sobre los terrenos eriazos data de 1962, cuando la Ley N.° 14197 ordenó revertir al Estado aquellos predios en abandono cuyos propietarios incumplieron el pago de la tasa de derecho de vigencia establecida por el Decreto Ley N.° 11061, con excepción de tierras comunales. Aunque la inscripción en registros públicos se concretó recién en 1989, esta norma permitió desarrollar grandes proyectos de irrigación.
No obstante, una sentencia del Tribunal Constitucional en 2008 debilitó este marco, al ordenar devolver la propiedad a antiguos propietarios, sentando un precedente riesgoso para futuras inversiones y exponiendo al Estado a eventuales indemnizaciones.
En un contexto donde el agua y la tierra son estratégicos, el Estado debe actuar con previsión: asegurar la titularidad de los terrenos, establecer criterios de adjudicación y mecanismos de recuperación del valor público son condiciones básicas para cualquier nueva irrigación.
La inversión agroindustrial ha transformado la costa del Perú y, con ella, la vida de millones de peruanos. Hoy, además de enfrentar riesgos inherentes a su actividad —perecibilidad, clima, plagas, mercados— está sometida a distorsiones regulatorias como la desconexión entre productividad y remuneración (Bono BETA), cargas al empleo y escasa infraestructura. No necesita más incertidumbre sobre la propiedad de la tierra o el acceso al agua. Ahí está el verdadero reto para recuperar el crecimiento del sector.
