Por: Alejandro Falla
El Comercio, 19 de febrero de 2020
El Comercio, 19 de febrero de 2020
Esta vez fue la fuga de GLP de un camión distribuidor. Hace unos meses fue una conexión eléctrica en un local de comida rápida y el incendio de un ómnibus estacionado en una terminal. Antes había ocurrido el incendio de un cine en Larcomar y de una galería comercial. Todos con consecuencias fatales.
La explicación de las autoridades de turno ante el accidente ha sido la misma. Han culpado a la regulación y la simplificación de los trámites administrativos. Esto ha traído un relajo en los controles, se ha dicho. Pensar que se otorguen permisos basados en declaraciones juradas de las personas parece un crimen. A propósito de la tragedia, un exministro de Energía y Minas, expresando esa idea en tono de queja, señaló “[…] como si nuestro país fuera Alemania, donde una declaración jurada tiene 99,99% de garantía de cumplimiento. Si uno conoce nuestro país sabe que no se va a cumplir”.
La reacción ante el problema ha sido la misma: más regulación y controles. Como no vivimos en Alemania y no se puede confiar en los peruanos, ¡se acabaron las licencias otorgadas con base a una declaración! Los permisos se otorgarán luego de una evaluación previa de locales y equipos. La revisión deberá ser hecha al 100%; nada de revisión aleatoria. Para forzar la revisión periódica, los permisos tendrán una vigencia limitada (luego del accidente del Larcomar, los certificados de Defensa Civil dejaron de tener vigencia indefinida para tener una duración de 2 años).
Esta vez, la reacción ha ido más allá. Se ha intervenido a un regulador independiente (Osinergmin), cuyo presidente parece haber sido “renunciado”. De nada han servido las garantías que la ley otorga a los organismos reguladores para resistir las presiones del Poder Ejecutivo. De nada ha valido tampoco que estemos frente a funcionarios que han sido elegidos a través de un concurso para un período de cinco años, que no pueden ser removidos sino por falta grave determinada luego de un procedimiento. Más pudo el deseo de exhibir al público una cabeza que el respeto a la institucionalidad.
¿La revisión previa del 100% de unidades o establecimientos habría evitado la tragedia? Ningún control previo elimina el riesgo. Todo esto generará más costos para los que, sin ser alemanes, quieren hacer las cosas bien. El espacio para el chantaje y la corrupción se amplía. ¿No le ha tocado un supervisor de Defensa Civil que, a propósito de la renovación de su certificado, le destapa los tomacorrientes buscando un problema que no encuentra en otro lado?
Ninguna de estas medidas apunta al problema de fondo: en un país en el que nadie paga los daños que causa, no existen incentivos para evitar accidentes. Nuevamente no se ha enfrentado el problema. Solo se ha querido calmar a las redes sociales y evitar un castigo en las encuestas. ¡Sufre, peruano, sufre!
