Julio Corcuera Portugal
Abogado. Gerente General de GPS Agencia
Para Lampadia
Introducción
Afirmar que la seguridad en el Perú atraviesa una crisis implicaría asumir que el país disfrutó, en algún momento de su historia reciente, de un período sostenido de seguridad. Esa premisa resulta difícil de sostener. Durante las últimas décadas, la inseguridad ha sido una constante que ha condicionado la gobernabilidad, erosionado la confianza ciudadana y limitado el desarrollo nacional. Sin embargo, las amenazas que enfrenta el Perú en la actualidad son sustancialmente distintas de aquellas que caracterizaron las décadas precedentes.
La agenda de seguridad peruana ha experimentado una profunda transformación. Durante la década de 1990, el eje de la política pública estuvo centrado en la seguridad del Estado, ya que la lucha contra el terrorismo constituyó la principal prioridad nacional y concentró buena parte de las capacidades políticas, militares y policiales del país.
Posteriormente, con la derrota estratégica de las organizaciones subversivas, la preocupación pública se desplazó hacia la seguridad ciudadana. Durante la primera y segunda década del siglo XXI, el debate estuvo dominado por los delitos patrimoniales, especialmente robos y hurtos, así como por fenómenos de violencia urbana vinculados a pandillas, barras bravas y bandas criminales.
Del crimen urbano al crimen organizado transnacional
La seguridad ha permanecido como una prioridad nacional, pero las amenazas han cambiado de naturaleza. Comprender esta transformación constituye el primer requisito para construir políticas públicas eficaces. No es posible enfrentar los desafíos del presente con diagnósticos ni herramientas concebidas para problemas que pertenecen al pasado. Hoy, el reclamo ciudadano por mayor seguridad ya no gira alrededor de la actividad terrorista de organizaciones de inspiración maoísta ni de la violencia protagonizada por pandillas o barras bravas; tampoco responde únicamente al incremento de delitos patrimoniales tradicionales. La principal preocupación de los peruanos es la expansión de organizaciones criminales capaces de controlar territorios, infiltrar instituciones, financiar economías ilegales y ejercer violencia sistemática mediante la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado.
En este contexto, adquiere especial relevancia la reflexión del criminólogo Jay Albanese, quien sostiene que «así como el siglo XX estuvo marcado por el crimen urbano, el siglo XXI estará definido por el auge del crimen organizado transnacional» (Albanese y Reichel 2013, 1). Aunque esta afirmación responde a una evaluación global de la evolución del crimen, ofrece un marco conceptual especialmente útil para comprender el escenario peruano entre 2026 y 2031.
La globalización no solo ha modificado el comercio internacional, las comunicaciones o las cadenas de producción, también ha transformado el crimen. Las organizaciones criminales han internacionalizado sus operaciones, diversificado sus mercados ilícitos y sofisticado sus métodos de actuación y el Perú no ha permanecido al margen de este proceso.
En la actualidad operan en su territorio organizaciones criminales de origen brasileño, colombiano, chino, italiano, mexicano, ecuatoriano, albanés y venezolano, entre otros, que mantienen vínculos operativos con estructuras criminales peruanas.
La cooperación entre organizaciones nacionales y extranjeras ha incrementado su capacidad económica, logística y violenta, lo que ha generado un escenario de criminalidad mucho más complejo que el conocido hace apenas una década.
Paralelamente, el país ha presenciado un crecimiento sin precedentes de organizaciones criminales nacionales. Entre ellas destaca Los Pulpos, considerada por diversos analistas como la primera organización criminal peruana con proyección transnacional. Nacida como una pandilla en Trujillo durante la década de 1990 (Global Protection Solutions 2025a), actualmente mantiene operaciones en diversas ciudades del Perú y ha extendido su presencia hasta Santiago de Chile. Su evolución refleja la capacidad de adaptación y expansión que han adquirido las estructuras criminales contemporáneas.
La transformación del fenómeno criminal también puede observarse en la percepción social de la violencia. Nombres como Los Injertos del Cono Norte, El Monstruo, El Jorobado u otras organizaciones criminales se han incorporado progresivamente al lenguaje cotidiano. Del mismo modo, hechos que hace pocos años generaban conmoción nacional comienzan a perder su capacidad de sorprender.
En 2025, el asesinato de dos conductores de transporte público provocó un paro masivo en Lima; hoy, episodios similares suelen convertirse rápidamente en una cifra más dentro de las estadísticas. La detonación de explosivos contra colegios, mercados, farmacias o centros de entretenimiento, una práctica antes excepcional, empieza a formar parte de la rutina informativa. En este sentido, el problema no consiste únicamente en que exista más criminalidad, sino en que la violencia extrema empieza a normalizarse.
No obstante, los efectos del crimen organizado trascienden la violencia física: existe una dimensión simbólica que resulta igualmente preocupante. En plataformas como TikTok, Instagram o LinkedIn, algunas organizaciones criminales y personas vinculadas al mundo del delito acumulan decenas de miles de seguidores, generan altos niveles de interacción e incluso construyen una identidad pública atractiva para determinados sectores de la población. Algunos comercializan saludos personalizados, prendas de vestir, gorras y diversos artículos promocionales, configurando una forma de merchandising criminal que convierte la delincuencia en un producto de consumo.
Más preocupante aún es que, en algunas instituciones educativas, se han identificado dinámicas en las que niños y adolescentes reproducen en sus juegos la identidad y rivalidad de organizaciones criminales, del mismo modo en que generaciones anteriores imitaban equipos de fútbol o personajes de ficción.
Cuando el crimen deja de ser únicamente una actividad ilegal para convertirse en un referente cultural o aspiracional, el desafío para el Estado deja de ser exclusivamente policial y pasa a ser también educativo, social y cultural. Combatir esta nueva realidad exigirá mucho más que incrementar el número de efectivos policiales o endurecer las penas: requerirá recuperar la legitimidad del Estado y disputar el espacio simbólico que hoy algunas organizaciones criminales comienzan a ocupar.
La extorsión: la epidemia criminal del Perú contemporáneo
Si existe un delito que resume la transformación de la criminalidad peruana en los últimos años, ese es la extorsión (Corcuera Portugal 2026). Hoy, prácticamente cualquier ciudadano, comerciante, empresario o trabajador puede convertirse en víctima de un mensaje extorsivo. Es decir, lo que hace apenas una década era una modalidad delictiva relativamente focalizada, hoy se ha convertido en un fenómeno masivo que atraviesa prácticamente todos los sectores de la sociedad.
La magnitud del problema puede apreciarse con mayor claridad cuando se analizan sus indicadores. El informe Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2013), considera que un delito adquiere características epidémicas cuando supera una tasa de 10 denuncias por cada 100,000 habitantes. En el Perú, durante 2024, la tasa nacional de denuncias por extorsión alcanzó 65 por cada 100,000 habitantes. En Lima Metropolitana llegó a 78, mientras que en La Libertad ascendió a 241 por cada 100,000 habitantes (Global Protection Solutions 2025b). Estas cifras no solo reflejan un incremento sostenido del delito; evidencian la consolidación de una verdadera epidemia criminal.
La gravedad del fenómeno también puede observarse a través de hechos que, hace pocos años, habrían parecido inimaginables. En enero de 2025, una organización criminal atacó con explosivos la sede principal del Ministerio Público en Trujillo. Al día siguiente, pese a la presencia de los ministros del Interior y de Defensa en la ciudad, se registraron dos nuevos atentados contra otros objetivos. Meses después, una reconocida agrupación musical fue atacada con armas de fuego durante una presentación pública. Paralelamente, el transporte urbano se ha convertido en uno de los principales blancos de la extorsión, a tal punto que existen empresas del sector que pagan simultáneamente cupos a tres o más organizaciones criminales para poder continuar operando.
Las víctimas no son únicamente transportistas, bodegueros o pequeños comerciantes, pues también instituciones educativas, profesionales independientes, empresas familiares y ciudadanos de muy distintos sectores sociales enfrentan amenazas permanentes. Sin embargo, el fenómeno ha dejado de afectar exclusivamente a pequeños y medianos negocios, ya que grandes empresas constructoras, agroexportadoras, distribuidoras de alimentos y bebidas, compañías de transporte y otros sectores estratégicos también han pasado a formar parte del universo de víctimas.
Capitalismo criminal: cuando el crimen captura la economía
La evolución reciente del crimen organizado revela una transformación aún más profunda. Las organizaciones criminales ya no buscan únicamente obtener ingresos mediante la extorsión, sino que aspiran a controlar segmentos completos de la economía formal. Es así como la violencia deja de ser un mecanismo de intimidación para convertirse en un instrumento de expansión empresarial.
Cada vez, y con mayor frecuencia, las organizaciones criminales no solo exigen el pago de un cupo mensual, sino que además condicionan a la empresa extorsionada para que contrate los servicios de compañías vinculadas a su propia estructura criminal. Una empresa puede verse obligada a pagar cincuenta mil soles mensuales por concepto de extorsión y, simultáneamente, contratar a la empresa de seguridad, limpieza, transporte o construcción impuesta por la organización criminal. El objetivo ya no consiste únicamente en apropiarse de una renta ilegal, sino en controlar mercados y obtener beneficios permanentes dentro de la economía formal.
Esta evolución encuentra explicación, en parte, en la enorme capacidad económica que han alcanzado las organizaciones criminales.
Las investigaciones fiscales contra estructuras como Los Injertos del Cono Norte estiman ingresos anuales superiores a los diez millones de soles. En el caso de la organización liderada por Adam Lucano Cotrina, alias el Jorobado, las utilidades ilícitas superaban los veinticinco millones de soles anuales. Más recientemente, las investigaciones sobre la organización criminal Los Pulpos de la Victoria estiman ingresos cercanos a los setenta y cinco millones de soles por año. Estas cifras reflejan el enorme poder económico que algunas organizaciones han logrado acumular.
La acumulación de grandes volúmenes de dinero ilícito plantea un problema inevitable para las organizaciones criminales: incorporar esos recursos a la economía legal sin despertar sospechas. Para ello recurren al lavado de activos mediante empresas fachada, testaferros y diversas estructuras societarias aparentemente legítimas. Muchas veces estas empresas son constituidas a nombre de familiares, personas de confianza o terceros sin antecedentes penales. Posteriormente, son utilizadas no solo para blanquear capitales, sino también para contratar con empresas privadas e, incluso, con entidades públicas.
En este escenario, las reglas del mercado comienzan a distorsionarse. Estas empresas no compiten en igualdad de condiciones bajo los principios de la libre competencia. Su principal ventaja no reside en ofrecer mejores precios, mayor eficiencia o productos de mayor calidad, sino en la capacidad de la organización criminal para imponer contratos mediante la intimidación y la violencia. La denominada «mano invisible» del mercado es sustituida por la mano visible del crimen organizado. A este fenómeno lo denominamos capitalismo criminal.
El capitalismo criminal puede entenderse como un modelo económico paralelo en el que las organizaciones criminales utilizan la violencia, la intimidación y la corrupción para participar, controlar o capturar mercados lícitos. A diferencia de la delincuencia tradicional, cuyo objetivo consiste en obtener ganancias mediante actividades ilegales específicas, el capitalismo criminal busca insertarse en la economía formal y obtener rentas permanentes de ella. Es así que la extorsión deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un mecanismo de acceso al mercado. Es decir, una empresa ya no paga únicamente para evitar un atentado; también puede verse obligada a contratar determinados proveedores, adquirir ciertos insumos, emplear personal impuesto por la organización criminal o ceder espacios de decisión económica.
En consecuencia, el crimen organizado deja de operar exclusivamente en los márgenes de la economía para convertirse en un actor económico que compite, invierte y captura mercados mediante la coerción.
La violencia sustituye a la competencia; la intimidación reemplaza a la negociación; y el monopolio de la fuerza criminal desplaza progresivamente las reglas del mercado.
El verdadero riesgo no radica únicamente en el crecimiento de las organizaciones criminales, sino en su capacidad para transformar la economía formal desde su interior y sustituir, en determinados espacios, la autoridad reguladora del Estado.
Una nueva estrategia nacional de seguridad
El diagnóstico expuesto en las páginas anteriores conduce inevitablemente a una pregunta: ¿qué debe hacer el Estado frente a esta nueva realidad criminal?
La magnitud del desafío exige abandonar respuestas fragmentadas y adoptar una estrategia integral que combine inteligencia, persecución patrimonial, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional.
A continuación, se presentan cuatro medidas urgentes que, por su impacto estratégico, deberían constituir prioridades nacionales.
Index Criminal: identificar al enemigo
Ninguna estrategia de seguridad puede ser eficaz si desconoce con precisión a quién combate. Por ello, resulta indispensable responder preguntas básicas:
¿Cuántas organizaciones criminales operan actualmente en el Perú?, ¿Cuáles son las más peligrosas?,
¿En qué regiones tienen presencia?,
¿Qué mercados ilícitos controlan?,
¿Cuál es su nivel de violencia?, ¿
Cuáles poseen capacidad de expansión transnacional?
La lucha contra el crimen organizado debe abandonar la abstracción y concentrarse en objetivos concretos.
El Estado no combate un concepto denominado «crimen organizado»; combate organizaciones criminales específicas, con estructuras, líderes, recursos económicos y áreas de influencia claramente identificables.
Por ello, se propone la creación de un Index Criminal, entendido como un registro nacional permanente de las principales organizaciones criminales que operan en el país.
Este instrumento permitiría identificar, clasificar y priorizar objetivos de alto valor para la acción del Estado, incorporando información sobre su estructura, capacidad operativa, presencia territorial, actividades ilícitas, redes de apoyo y nivel de riesgo.
Más que un simple inventario, el Index Criminal constituiría un instrumento de gestión pública, que permitirá establecer prioridades nacionales, orientar la asignación de recursos, medir resultados y evaluar objetivamente el desempeño de las instituciones responsables de la seguridad. Asimismo, este sistema fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas. La existencia de objetivos claramente identificados dificulta el anonimato del crimen organizado y aumenta el costo para aquellos funcionarios, policías o integrantes del sistema de justicia que colaboran con estas organizaciones o facilitan su impunidad.
Esta propuesta encuentra respaldo en experiencias internacionales. El Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA) y otras agencias especializadas mantienen listados priorizados de organizaciones criminales que orientan sus esfuerzos de inteligencia e investigación (U.S. Department of State 2025). Del mismo modo, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC) desarrolla herramientas de análisis y monitoreo permanente sobre estructuras criminales a escala internacional (2025). El Perú necesita un instrumento equivalente que permita concentrar sus capacidades sobre objetivos claramente definidos.
Durante la lucha contra el terrorismo, el país sabía con precisión cuáles eran las organizaciones que debía derrotar. Esa claridad estratégica facilitó la planificación, la asignación de recursos y la evaluación de resultados.
Hoy, frente al crimen organizado, el Estado requiere el mismo nivel de precisión, priorización y eficiencia .
La implementación del Index Criminal permitiría que la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos regionales compartan objetivos comunes y medibles.
Asimismo, ofrecería a la ciudadanía un mecanismo objetivo para evaluar el avance de la política nacional de seguridad.
Desarticulación de empresas fachada
La experiencia internacional demuestra que ninguna organización criminal puede sostenerse indefinidamente sin una estructura financiera que administre, invierta y oculte sus ganancias ilícitas.
Por esa razón, la persecución patrimonial debe convertirse en uno de los principales ejes de la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Una vez identificadas las organizaciones criminales prioritarias mediante el Index Criminal, el siguiente paso consiste en identificar las empresas fachada, los testaferros y las estructuras societarias utilizadas para ocultar activos y lavar dinero. Estas empresas constituyen el verdadero soporte económico de las organizaciones criminales y representan uno de sus principales factores de resiliencia.
El Estado debe emplear de manera coordinada todas las herramientas legales disponibles para inmovilizar y decomisar estos activos, revisar el origen de los patrimonios, verificar licencias, contratos, beneficiarios finales y detectar incrementos patrimoniales injustificados. En este contexto, resulta indispensable fortalecer —y, cuando corresponda, restablecer— mecanismos eficaces de extinción de dominio que permitan privar a las organizaciones criminales de los recursos obtenidos ilícitamente.
En numerosos casos, las investigaciones revelan que los bienes son registrados a nombre de cónyuges, convivientes, familiares cercanos o personas de confianza que actúan como testaferros. Por ello, la investigación patrimonial no puede limitarse al cabecilla de la organización, sino que debe extenderse a todo su entorno económico y societario.
La experiencia demuestra que las organizaciones criminales pueden reemplazar con relativa rapidez a sus integrantes; lo que resulta mucho más difícil es reconstruir su capacidad financiera. Por ello, golpear su patrimonio suele ser más efectivo que capturar temporalmente a algunos de sus miembros. Debilitar su estructura económica significa reducir su capacidad para corromper funcionarios, adquirir armamento, reclutar nuevos integrantes y expandir sus actividades ilícitas. En la lucha contra el crimen organizado, seguir la ruta del dinero suele ser tan importante como perseguir a sus líderes.
Controlar los medios para impedir los fines
Toda organización criminal requiere determinados medios para alcanzar sus objetivos y la extorsión no constituye una excepción.
Antes de exigir el pago de un cupo, el extorsionador necesita comunicarse con la víctima, ocultar su identidad, recibir el dinero producto del delito y, en muchos casos, disponer de los instrumentos necesarios para materializar sus amenazas.
Si el Estado limita el acceso a esos medios, también limita la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Un caso típico permite ilustrar esta dinámica.
Un extorsionador suele utilizar varios teléfonos celulares y múltiples tarjetas SIM registradas a nombre de terceros para dificultar su identificación. Estos equipos y líneas telefónicas son adquiridos con facilidad en mercados informales o ilícitos, donde se comercializan sin mayores controles. Posteriormente, la amenaza es enviada mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp. El pago exigido se canaliza a través de billeteras digitales —como Yape o Plin— o mediante cuentas bancarias. Si la víctima decide no pagar, la organización criminal suele recurrir a atentados con explosivos o ataques armados para incrementar la presión y demostrar su capacidad de causar daño. Una vez que la víctima cede, la extorsión deja de ser un hecho aislado y se convierte en una obligación permanente.
Este proceso evidencia que la extorsión depende de una cadena de medios materiales y tecnológicos: teléfonos celulares, tarjetas SIM, aplicaciones de mensajería, billeteras digitales, cuentas bancarias, explosivos, vehículos y armas, entre otros. Cada uno de estos elementos representa una oportunidad de intervención para el Estado. Las organizaciones criminales suelen referirse a la extorsión como «el negocio». Y, en efecto, desde una perspectiva económica, funcionan como auténticas empresas criminales que administran recursos, distribuyen funciones, gestionan riesgos y buscan maximizar beneficios.
Si el Estado pretende afectar ese negocio, debe impedir que dispongan de los medios indispensables para desarrollarlo.
En consecuencia, controlar el mercado de teléfonos celulares robados constituye una medida de seguridad de primer orden. Los gobiernos locales, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, pueden clausurar establecimientos utilizados para comercializar equipos de procedencia ilícita y fortalecer las acciones de fiscalización sobre estos mercados. Del mismo modo, resulta indispensable fortalecer el control sobre la comercialización de tarjetas SIM. Más que supervisar miles de puntos de venta dispersos, una estrategia más eficiente consiste en controlar la cadena de distribución desde las empresas operadoras de telecomunicaciones. Así, reducir la circulación irregular de líneas telefónicas significa eliminar uno de los principales instrumentos utilizados por los extorsionadores.
Otro elemento crítico es el control de las billeteras digitales y de los mecanismos electrónicos de pago. Cuando una cuenta de Yape, Plin o una cuenta bancaria es identificada como receptora de pagos extorsivos, deberían existir procedimientos ágiles que permitan su bloqueo inmediato, previa comunicación de la Policía Nacional, el Ministerio Público o la propia víctima, respetando las garantías legales correspondientes. Resulta difícil justificar que un mismo número telefónico o una misma cuenta pueda ser utilizada reiteradamente para cometer extorsiones sin que se adopten medidas oportunas para impedirlo.
Finalmente, el acceso a explosivos constituye otro de los medios fundamentales empleados por las organizaciones criminales para consolidar sus amenazas. Reforzar los controles sobre la fabricación, almacenamiento, comercialización y transporte de estos materiales reduce significativamente la capacidad de intimidación de los extorsionadores y dificulta la materialización de sus atentados. La estrategia es sencilla en su formulación, aunque compleja en su ejecución: cuanto más difícil resulte acceder a los medios necesarios para cometer una extorsión, mayor será el costo operativo para las organizaciones criminales y menor su capacidad para expandir esta actividad ilícita.
Por una política de Estado integral, no solo policial
La Policía Nacional desempeña un papel insustituible en la lucha contra el crimen organizado; sin embargo, atribuirle en exclusiva la responsabilidad de enfrentar este fenómeno constituye un error estratégico. La seguridad pública es una responsabilidad compartida que exige la participación coordinada de múltiples instituciones del Estado y del sector privado.
La estrategia de controlar los medios del delito evidencia con claridad esta realidad.
El combate al mercado de teléfonos robados requiere la intervención de los gobiernos locales mediante acciones de fiscalización y clausura de establecimientos informales.
El control de la comercialización de tarjetas SIM demanda una participación activa del organismo regulador y de las empresas operadoras de telecomunicaciones.
La supervisión de las billeteras digitales y de las cuentas utilizadas para recibir dinero producto de extorsiones involucra a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a las entidades financieras y a las empresas que administran estos servicios.
Por su parte, el control de explosivos corresponde principalmente a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
Cada institución controla una parte de los medios que hacen posible la actividad criminal. Ninguna, por sí sola, puede resolver el problema.
Esta perspectiva obliga a replantear el concepto mismo de política de seguridad, ya que la lucha contra el crimen organizado no debe concebirse exclusivamente como una política policial, sino como una política de Estado que articule capacidades regulatorias, financieras, tecnológicas, administrativas y judiciales alrededor de un objetivo común.
La Policía persigue a los delincuentes; pero la reducción de las oportunidades para delinquir depende de un esfuerzo mucho más amplio. En consecuencia, fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional resulta indispensable, pero no suficiente.
Por ello, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para coordinar a todas aquellas instituciones que, desde sus respectivas competencias, pueden reducir los medios que hacen posible la actividad criminal.
Solo mediante una acción integral será posible incrementar el costo de operar para las organizaciones criminales y recuperar progresivamente el control del territorio, de la economía y de la seguridad ciudadana.
A modo de conclusión: recuperando el orden
Las propuestas planteadas en este capítulo responden a una misma lógica estratégica: la lucha contra el crimen organizado no puede seguir reduciéndose a la reacción frente a hechos consumados ni medirse únicamente por el número de detenidos o de operativos realizados.
El Estado debe concentrar sus esfuerzos en desarticular las capacidades que permiten a las organizaciones criminales existir, expandirse y reproducirse.
Ello implica, en primer lugar, identificar con precisión al adversario mediante un Index Criminal que permita establecer prioridades y objetivos concretos;
En segundo lugar, debilitar su estructura económica, persiguiendo sus empresas fachada, sus mecanismos de lavado de activos y el patrimonio que financia su crecimiento; y, finalmente,
Privarlo de los medios indispensables para operar, controlando los instrumentos tecnológicos, financieros y logísticos que hacen posible la extorsión y otras actividades ilícitas.
Estos tres pilares conforman una estrategia integral que busca incrementar el costo de operar para las organizaciones criminales y reducir progresivamente su capacidad de acción.
Sin embargo, el verdadero desafío trasciende el ámbito policial, debido a que el crimen organizado contemporáneo no solo disputa el control de las calles; disputa mercados, captura economías, corrompe instituciones y busca construir espacios de poder allí donde el Estado pierde presencia.
En consecuencia, la respuesta tampoco puede ser exclusivamente policial, sino que debe convertirse en una política de Estado que articule análisis estratégico, investigación criminal, inteligencia financiera, regulación económica, control administrativo y fortalecimiento institucional.
Recuperar la seguridad significa, en última instancia, recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima sobre el territorio, proteger la economía formal y garantizar que el monopolio de la fuerza, de la regulación y de la justicia permanezca donde corresponde: en las instituciones de la República.
Esto es, finalmente, recuperar el orden para que el Perú pueda volver a vivir sin miedo.
Bibliografía
Albanese, Jay S. y Philip L. Reichel, eds. 2013. Crimen organizado transnacional: Una visión general desde seis continentes. SAGE Publications.
Corcuera Portugal, Julio. 2026. Extorsión: El negocio del miedo. Aguilar.
Federal Bureau of Investigation (FBI). s.f. «Transnational organized crime». FBI. https://www.fbi.gov/investigate/transnational-organized-crime.
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC). 2025. The global organized crime index 2025: Crime at a crossroads. https://globalinitiative.net/analysis/the-global-organized-crime-index-2025/.
Global Protection Solutions. 2025a. Los Pulpos: Radiografía de una organización criminal. GPS Agencia. https://gpsagencia.com/reporte-especial-los-pulpos/.
Global Protection Solutions. 2025b. Extorsión en el Perú: Cifras de SIDPOL (enero-mayo, 2025). GPS Agencia. https://gpsagencia.com/extorsion-en-peru-2025/.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2013. Seguridad ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (resumen). PNUD.
U.S. Department of State. 2025. «Designation of international cartels». Comunicado de prensa, 20 de febrero. https://www.state.gov/designation-of-international-cartels.
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