De The Economist y del Barómetro de las Américas
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La posible inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no es un indicador de que el Perú se ha vuelto una dictadura, como pretende un sector, aunque si quepa la discusión acerca de si una decisión como esa es excesiva o arbitraria o no.
Una dictadura multipartidaria no es dictadura por definición. Y el Congreso sí tiene la facultad constitucional de inhabilitar a los miembros de la JNJ por infracción constitucional. Está expresamente autorizado por los artículos 99 y 100 de la Constitución.
La discusión se centra, entonces, en si la JNJ infringió o no el artículo 153, in. 3 de la Constitución que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere “ser mayor de cuarenta y cinco (45) años y menor de setenta y cinco (75) años”, considerando que la doctora Inés Tello tiene 78 años.
La defensa argumenta que no comete infracción pues el artículo 155 de la misma Carta Magna establece que la JNJ “está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un periodo de cinco años”. Se debería leer como que el periodo es de cinco años, salvo que cumpla 75 años, en cuyo caso debe renunciar. Como fuere, parece excesivo inhabilitar a todos los miembros de la Junta por una interpretación, digamos, convenida. Quizá sí a la infractora.
Lo que tenemos no es una dictadura sino una guerra entre dos bandos, que ya hemos reseñado en otros artículos. Y si uno de ellos abusó de la justicia penal para encarcelar a políticos por hechos que no eran delito, debe cuidarse de responder con decisiones que respeten la ley y el debido proceso. Para darle un sentido constructivo a todo esto, debemos pasar de una vez a la reforma del sistema de nombramiento de jueces y fiscales, combinando la propuesta de Gladyz Echaiz -una Escuela de la Magistratura por la que deban pasar los postulantes- con la propuesta de José Luis Sardón de que sean los poderes elegidos quienes nombren a los supremos.
Se ha usado el reciente índice de la democracia publicado por The Economist, en el que el Perú por segundo año consecutivo ya no figura como una “democracia defectuosa” sino como un “régimen híbrido” entre una democracia defectuosa y un régimen autoritario, para sustentar el argumento antes referido de que estamos viviendo una suerte de dictadura.
Pero si revisamos el índice, vemos que el Perú está mal no en los componente constitucionales de la democracia -procesos electorales y pluralismo, libertades civiles-, que es en lo que se ha deteriorado la democracia en el mundo en general, sino, sobre todo, en cultura política, donde el puntaje peruano es muy bajo. Y eso hace referencia principalmente a indicadores tales como apoyo popular a la democracia, satisfacción con la democracia, aprobación a un golpe militar o, en general, a un líder fuerte.
Y eso es lo que vienen registrando el Latinobarómetro, y recientemente el Barómetro de las Américas. Este último trae el siguiente cuadro, que resume las actitudes hacia la democracia. El Perú aparece en el penúltimo lugar como una democracia en riesgo debido a la demanda de los ciudadanos por un gobierno fuerte y autoritario.
Por supuesto, la anarquía de los últimos 7 años, y el caos institucional que se manifiesta en esta guerra entre bandos en el sistema de justicia y con el Congreso -originada en la polarización fujimorismo-antifujimorismo-, alimentan esa percepción de la democracia como un sistema caótico y corrupto que no funciona.
Pero también la creciente ineficacia del Estado en la obra y los servicios públicos, incluyendo la seguridad. “Funcionamiento del gobierno” es un indicador en el que estamos relativamente mal según The Economist.
Reforma política, reforma judicial, reforma del Estado. A eso debemos abocarnos. Lampadia
