Lo acontecido con el ex embajador Nicolás Lynch, quien le otorgó audiencia en la embajada peruana en Argentina a los representantes del Movadef, debería ser una voz de alarma para que a futuro el presidente de la República tome precauciones antes de nombrar a sus representantes políticos en el extranjero.
El señor Lynch trató de justificar la audiencia a los defensores de Sendero Luminoso bajo el pretexto de que “él no está para juzgarlos”, de que la embajada peruana en Argentina es “la casa de todos los peruanos” y de que no se le puede culpar por tan solo recibir una carta. Una pena que el ex funcionario no haya sido consciente de la verdadera naturaleza de su cargo, que es, claramente, mucho más que una mesa de partes del Estado Peruano en Argentina: todo embajador es el representante político del presidente en el país donde desempeña sus funciones.
Por eso, así como sería censurable que el señor Ollanta Humala recibiese a los representantes del Movadef en Palacio de Gobierno como si fueran interlocutores válidos de nuestra democracia, lo es también que el señor Lynch le haya dado audiencia en su embajada.
El Movadef, no lo olvidemos, es un organismo de fachada de Sendero Luminoso que pretende que se saque de prisión a Abimael Guzmán presentándolo en el exterior como un preso político. ¿Es que acaso el señor Lynch no sabe, no puede o no quiere distinguir entre movimientos políticos que son auténticamente democráticos y agrupaciones que, como el Movadef, pretenden destruir y socavar la democracia y sus principios? ¿O cree que los peruanos consentiríamos que el Gobierno que él representaba hasta ayer se debería sentar a dialogar con los enviados de aquel grupo responsable de las muertes de miles de nuestros compatriotas?
Las responsabilidades que se derivan de toda esta extraña situación, por otro lado, no solo comprometen al ex embajador. Y es que su evidentemente erróneo comportamiento mereció que se ordenara su reemplazo desde el momento en que informó sobre dicha reunión en enero. Por eso, llama la atención la inacción de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que, al menos, debió instruir inmediatamente a nuestras delegaciones diplomáticas en lo obvio, para que sus embajadores y demás funcionarios no se reunieran con los representantes del Movadef o agrupaciones similares y reaccionaran cada vez que en los países donde opera esta agrupación prosenderista se quiera sorprender a la opinión pública a través de un discurso mentiroso, como aquel de que ‘Gonzalo’ es un prisionero político.
¿Qué sucede? ¿Acaso para la cancillería no queda muy claro que nuestros embajadores deben salir a defender la democracia y desmentir un discurso que deforma la realidad? Realmente llama la atención esta falta de reacción en defensa de lo más sagrado que tiene el Perú, el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad y democracia plena, una libertad y una democracia que fueron ferozmente agredidas por las huestes de Sendero Luminoso.
El Gobierno, por lo menos, tuvo una reacción correcta, aunque tardía, formalizando de manera inmediata la renuncia del señor Lynch, impartiendo “nuevas y rigurosas instrucciones” a sus embajadas de oponerse a las campañas del Movadef y disponiendo que sus representantes “eviten toda interlocución con dicha organización”. Ojalá que, por lo menos, este incidente sirva para que el Gobierno inicie una estrategia política agresiva en el exterior y desenmascare ante la opinión pública internacional al Movadef, mostrándolo como lo que realmente es: la careta del movimiento terrorista más sanguinario que ha conocido el Perú.
Finalmente, solo queda recordarle al señor Lynch que, muy a su pesar, los peruanos no tenemos por qué compartir nuestra casa –aquí o en el extranjero– con los representantes de un grupo de asesinos que desprecian nuestra vida y nuestra libertad. Detrás del rechazo a su actuar como embajador –a diferencia de lo que él y otros quieren hacer creer– no existe una persecución ideológica. Lo que hay es la legítima preocupación como bien ha resumido el ex alcalde de izquierda de Villa El Salvador y víctima del terrorismo Michel Azcueta: Que si el Gobierno no respondiera al Movadef, “todos los peruanos lo pagaríamos”.
