Jaime de Althaus
Para Lampadia
Con la comisión de Justicia del Congreso en manos de Juntos por el Perú seguramente correrán los proyectos de ley que se han presentado para derogar las mal llamadas “leyes procrimen”, que en realidad son leyes antiabusos judiciales.
Cuando más bien debería dedicarse esa comisión a elaborar un proyecto de ley que modifique el Decreto Legislativo 1106 sobre lavado de activos.
La Defensoría del Pueblo ha encontrado en dicho DL, situaciones realmente terribles, propias de un Estado bárbaro.
Entre el 2019 y el 2025 se abrieron 6,616 investigaciones fiscales por lavado de activos.
Solo 234 (3.5%) terminaron en condena, y 220 en absolución. 54 de los 142 presos por este delito no tienen sentencia.
Entre el 2012 y el 2025 la UIF congeló fondos de 1,456 personas, medida convalidada sin oír al afectado, sin una vía reglada de levantamiento. Es decir, un abuso inaceptable en un estado de derecho.
El informe revisa 12 casos absolutorios cuyo proceso duró de 10 a 24 años: “Una persona entró con 24 años y salió absuelta con 48; otra sufrió 3 absoluciones anuladas y un cuarto juicio, 20 años después.
Entre tanto: cuentas cerradas, activos rematados antes de la sentencia.
El informe lo dice con Kafka: el proceso es ya el castigo”, reseña Carlos Caro.
El informe llama “muertos en vida” a los absueltos tras 10, 15 o 24 años de proceso, con su ruina ya consumada.
En buena cuenta, basta una sospecha para que la persona sea sometida a un calvario en el que pierde todo mucho antes de ser condenada.
Un mecanismo que se ha prestado a las denuncias maliciosas y a las extorsiones de todo tipo. Para no hablar de los casos de persecución política por donaciones de campaña, que destruyeron partidos y líderes políticos.
De todo esto fue capaz el sistema de lavado de activos. Es evidente que esta situación propia de un Estado pre legal tiene que acabar.
El informe contiene recomendaciones para el Ministerio Público, la Corte Suprema y para el Congreso.
Al Congreso le recomienda “conformar una comisión especializada encargada de la revisión integral del Decreto Legislativo 1106, sus modificatorias y normas complementarias, considerando los problemas de interpretación y aplicación identificados en el informe.
Y promover una reforma legislativa que precise los elementos del delito de lavado de activos, debiendo considerar el grado de acreditación exigible respecto de la actividad criminal precedente, alcances de la autonomía del delito de lavado de activos, utilización de la prueba indiciaria…”.
Por supuesto, una ley que enmiende estos estropicios seguramente será calificada como “ley procrimen”, como las que ya se dictaron.
Pero es necesario implantar el estado de derecho en el sistema de justicia.
Parece difícil que eso vaya a ocurrir con Juntos por el Perú presidiendo la comisión de justicia.
Lampadia
