Jaime de Althaus
Para Lampadia
Parece que el gobierno se ha propuesto acosar a la minería acaso para llegar a situaciones límite que lleven a pedir la nacionalización de las empresas mineras.
- Se ha dejado que comunidades cierren la válvula de la presa de Viña Blanca dejando sin agua ya casi dos meses a 5 mil personas del campamento de Cuajone, algo verdaderamente criminal. Fuera de haber destruido la línea férrea que lleva el mineral. Southern ha tenido que suspender las operaciones, sin que el gobierno haga nada por restablecer el orden, salvo, recientemente, procurar un diálogo fallido. El resultado es no solo menos exportaciones y menos ingresos para el Estado, sino que Southern ya no va a invertir $850 millones en la ampliación de Cuajone ni tampoco $8,000 millones en otros proyectos. Es sublevante.
- Y algo parecido viene ocurriendo con Las Bambas, donde, a la sucesión de bloqueos que ha sufrido esa empresa, que solo le han permitido trabajar la mitad del tiempo en lo que va de este gobierno, se ha agregado ahora una invasión de terrenos de propiedad de la minera por parte de la comunidad más ampliamente beneficiaria, Nueva Fuerabamba, con reclamos que la empresa sostiene carecen de fundamento. En este caso sí acudió el ministro de Energía y Minas el sábado pasado, pero en lugar de intermediar y buscar una solución, se convirtió en un dirigente comunal más. En efecto, esto fue, en resumen, lo que dijo en esa reunión:
“He escuchado a ambas partes pero la verdad es que no estoy contento por parte de la empresa…, pero aquí hay algo muy importante y si no se da solución Señor Castro aquí va a ver problemas y eso está claro...No se que ha pasado allí señor y quizás ni usted tiene la culpa pero tenemos que aclarar este problema y darle solución,… y si no hay un apoyo de parte de la minera que tiene los recursos y si la empresa no les da lo que es justo no vamos a solucionar el problema, y si ellos se quedan aquí ellos se van a contaminar por los metales que están aquí al frente y si tiene palabra quizás los señores del extranjero no saben ustedes no han cumplido, ustedes deben de dar el apoyo a las empresas comunales aquí,…y si no cumplen vamos a tener problemas…”
El ministerio de Energía y Minas, en manos de Vladimir Cerrón, está saboteando la minería. En la Oficina de Gestión Social han sido contratados decenas de operadores de Perú Libre expertos no en resolver conflictos, sino en generarlos. Y, como decíamos, es posible que se esté buscando crear las condiciones para intentar el zarpazo de una estatización.
De hecho, ayer Guido Bellido la demandó en el siguiente Tuit:
Es decir, los conflictos sociales (alentados) como pretexto para estatizar las empresas mineras creando la “Empresa Nacional del Cobre”. Ya entendemos, entonces, la actitud azuzadora del sector frente a los conflictos mineros. Las comunidades se sienten empoderadas y respaldadas para demandar lo imposible. Esto no parará hasta que no salga el señor Cerrón del sector y no se profesionalicen nuevamente las oficinas de gestión de conflictos. Pero eso significa cambiar la conformación del gobierno, o cambiar el gobierno.
Algo parecido ocurre con el tema del alza de precios que, debido en este caso a incompetencia y falta de previsión del gobierno, resulta aprovechada por Perú Libre y el propio gobierno para acusar a supuestos monopolios y relanzar el tema de la nueva constitución y la asamblea constituyente con el argumento de que la constitución actual no permite el control de precios. Entonces el Ejecutivo envía un absurdo proyecto de reforma constitucional para prohibir monopolios y oligopolios y una congresista presenta un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente, algo por demás inconstitucional.
Pero no es solo incompetencia y falta de previsión. Apenas una región anuncia un paro regional, el gobierno anuncia por su parte un consejo de ministros descentralizado en esa región. Lo que se convierte en un incentivo para organizar paros regionales, sabiendo que es un medio para atraer al consejo de ministros.
O asiste el primer ministro, no para ofrecer soluciones, sino para agitar, como hizo en el Cusco, donde pidió “levantarse conjuntamente con el gobierno para terminar con la economía subsidiaria del Estado”, recordando que “hemos presentado un proyecto al congreso impidiendo los monopolios oligopolios las especulaciones”. Es decir, nuevamente la Constitución y su modelo económico como causantes del aumento de precios, cuando la verdad es que nunca el país ha gozado de tanta estabilidad monetaria como la de los últimos 25 años.
En conclusión, hay un conjunto de acciones gubernamentales y partidarias que apuntan a parar la minería y promover nacionalizaciones y asamblea constituyente.
Si queremos terminar con esta deriva destructiva, se requiere, sea de un acuerdo de gobernabilidad del Congreso con Pedro Castillo para que nombre a un gabinete fuerte e independiente, que reconstruya la gestión pública o, si no es posible, un acuerdo político para encontrar la manera de salir de este gobierno. Lampadia
