Jaime de Althaus
Para Lampadia
El caso del chantaje de los controladores de CORPAC es inadmisible, pero no es un caso aislado. Suele ser la norma en muchas entidades del Estado peruano. Los controladores simplemente se oponen a que entre nuevo personal porque ellos quieren hacer horas extras, durante las cuales duermen, para percibir mayores ingresos. Es inaudito. Con esa práctica ya han producido muertes y recientemente tuvieron el atrevimiento de demorar vuelos y producir un caos de pasajeros para impedir que cambie el statu quo.
Es evidente que la solución acá es concesionar CORPAC a un operador privado al que se le pueda exigir el cumplimiento de un contrato y cancelarlo si no lo cumple. El estado no tiene fuerza cuando está en manos de grupos patrimonialistas. Si la tiene cuando contrata a empresas privadas para dar los servicios, porque les puede exigir resultados.
Pero, repetimos, no es el único caso.
Hay algunos emblemáticos, como Sedapal con sus sindicatos y puestos de trabajo hereditarios -quintaesencia del patrimonialismo premoderno-, las propias empresas municipales de agua potable convertidas en botines laborales, muchos gobiernos regionales y locales,
PetroPerú, donde se reparten bonos a los trabajadores en medio de gigantescas pérdidas,
La Digemin, que es un feudo de los farmacéuticos donde el negocio es poner trabas para los registros sanitarios a fin de cobrar eventualmente por ellos,
O el sistema de salud donde no interesa la salud de las personas sino las gollorías y la posibilidad de palanquear pacientes a los consultorios privados, y así sucesivamente.
Desde que la libertad económica ha sido asfixiada y el progreso en el mercado es cada vez más difícil por el peso regulatorio de la formalidad, el Estado se ha convertido en un territorio de conquista para escalar económica y socialmente, sin consideración alguna por la calidad del servicio a los usuarios. En muchos casos ha sido tomado por argollas o mafias que se disfrazan de sindicatos y se arropan en discursos ideológicos que denuncian cualquier intento de introducir eficiencia o meritocracia como “privatizaciones” encubiertas, para impedir los cambios. Es la ideología al servicio de la captura del Estado, del patrimonialismo más desvergonzado.
Pero somos nosotros, los ciudadanos, quienes les pagamos con nuestros impuestos. En buena cuenta, se apropian de nuestro dinero para su propio beneficio. El Estado peruano tiene que ser rescatado de estos grupos de interés y puesto al servicio nuestro.
Se requiere restablecer libertad económica, para que el libre mercado vuelva a ser el ámbito donde las personas puedan desplegar sus capacidades para salir adelante y mejorar.
Se requiere aplicar Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) al stock de normas sectoriales para liberar la producción y los servicios.
Se requiere concesionar a empresas privadas todo lo que se pueda concesionar en el Estado.
Se requiere introducir meritocracia poniéndole presupuesto al decreto legislativo que vuelve obligatorio que las entidades del Ejecutivo hagan el tránsito al régimen del servicio civil.
Lo que está ocurriendo es que el Estado gasta cada vez más en remuneraciones sin que esos aumentos se reflejen en una mejora de los servicios y los resultados, al mismo tiempo que los ingresos fiscales caen, como el año pasado, que decrecieron 13%. Por eso el Consejo Fiscal advierte ahora acerca de un riesgo fiscal que se puede volver estructural, habiendo sido el equilibrio fiscal nuestra fortaleza macroeconómica más importante.
El Estado peruano necesita una reingeniería profunda. La clase política tiene que tomar conciencia de ello y la sociedad civil exigirlo. Tenemos que recuperar el Estado para los peruanos. Lampadia
