Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ya es hora que los principales economistas del país ofrezcan un curso gratis de economía a los congresistas. O que se apruebe el proyecto para instalar una oficina de análisis económico e impacto regulatorio en el Congreso. Porque nuestros padres de la patria siguen aprobando leyes contraproducentes que solo nos empobrecen y afectan derechos económicos.
La última ha sido esta que impone una sobretasa del 35% a los salarios de los trabajadores que laboran en horario nocturno, más una serie de otras obligaciones.
Solo una mentalidad premoderna o una ideología de izquierda que sigue sin entender cómo funciona la economía, puede plantear una norma como esa que lo único que va a ocasionar es que las empresas despidan a trabajadores a los que ya no les podrán pagar ese aumento, o se informalicen o simplemente cierren porque no pueden abordar los nuevos costos. Fuera del hecho de que una norma como esta viola el precepto constitucional de la libertad de empresa. Se entromete en las decisiones del empresario.
A ver, si los limones se incrementan de precio 4 o 5 veces, ¿la ama de casa comprará la misma cantidad de limones que antes? Evidentemente no. Lo que necesitamos es que nuestros congresistas tengan por lo menos el mismo nivel de cultura o raciocinio económico que una ama de casa. Si el salario que debe pagarse a un trabajador aumenta al punto que no se puede pagar, ese trabajador dejará de ser contratado o pasará a serlo de manera informal, sin derechos. ¿No se entiende?
No sería de extrañar que la respuesta de algunos congresistas al argumento anterior sea que lo que hay que hacer entonces es controlar el precio del limón. Sorprende que no haya aparecido un proyecto en ese sentido. El resultado, por supuesto, será la desaparición total de los limones del mercado, o su venta por lo bajo a precios aún más altos.
No se puede derogar la ley de la oferta y la demanda ni tampoco imponer precios o costos, como no se puede derogar la ley de la gravedad.
El Congreso, por ejemplo, aprobó en marzo del 2021 la ley 31443 (contra la usura de los intermediarios financieros), obligando al Banco Central (BCR) a imponer un tope a las tasas de interés. El BCR estableció un tope de 83.4% y el resultado fue que, según el propio BCR, más de 200,000 clientes del sistema financiero formal ya no recibieron créditos y tuvieron que entregarse a las manos de agiotistas informales o de prestamistas gota a gota, que cobran bajo pena de muerte. ¿No hay ningún remordimiento entre los congresistas que lanzaron a 200 mil peruanos a las fauces de la angustia y la muerte?
Un estudio del IPE encontró que las tasas de interés en los mercados informales llegan a superar 500%, cinco veces más que la tasa máxima de 83.40% fijada por el BCR. Las políticas de controles de precios y sobrerregulaciones de los 80 que terminaron en la hiperinflación debieron habernos ensañado que no se puede imponer precios ni costos.
Quizá la comisión más alérgica a los conceptos más elementales de la economía es la de Trabajo, donde anidan los congresistas de una izquierda que sigue anclada en el concepto medieval de la economía como un juego de suma cero.
O sea que los empresarios son malos y la única manera de beneficiar a los trabajadores es asegurarles por ley beneficios y protecciones a costa de los ingresos de las empresas. Nuevamente lo mismo: a más regulaciones, obligaciones y beneficios, más informalidad porque las empresas pequeñas y medianas no pueden pagarlas. Y más se hunde la inversión, afectando a los salarios. Porque la única manera de incrementar los salarios de manera sostenible, real y potente es por medio del crecimiento de la inversión, la economía y el mercado, como ocurrió en los países del sudeste asiático que eran más pobres que el Perú en los años sesenta y ahora sus trabajadores ganan mucho más que los peruanos. ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo defenderemos los intereses de la mayor parte de peruanos? Lampadia
