Editorial de Lampadia
El discurso de investidura fue esperanzador. No solo por las metas ofrecidas, sino porque dio la sensación de que por fin tenemos gobierno.
Gobierno con metas y prioridades claras y bien ordenadas. Y con una metodología para alcanzarlas. Fujimori dijo:
“No he venido a ofrecer a ofrecer milagros inmediaticos ni promesas vacías. He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara.
Imagen construida con ayuda de ChatGPT
A partir de este momento, se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1826 días de gestión.
Cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente con metas medibles y rendición de cuentas constantes”.
Nada de esto tiene precedentes en nuestro país, es muy importante. Estaremos atentos a ver cómo será el mecanismo de rendición de cuentas.
Con la presidenta Fujimori, por primera vez se están reconociendo, desde el Estado, las falencias sistemáticas del propio Estado.
Y con sus planteamientos, está dando por finalizado ese absurdo y costosísimo divorcio entre el Estado y el sector privado, generado por la invasión ideológica de los gobiernos nacionales y subnacionales por las malas izquierdas, especialmente desde el 2011.
Ese “método” anunciado es fundamental para alcanzar la meta final de “cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos”. Para ello, anunció, se simplificará el funcionamiento del Estado, se ordenará competencias, se eliminará duplicidades, se eliminará el gasto innecesario, se transformará el sistema de compras públicas y se ordenará las cuentas públicas.
Eso es crucial, porque de paso, debería permitir generar ahorros para los enormes gastos que se vienen para combatir el Niño y comprar equipos y tecnología para la policía y otros, como anunció. Pero queda por explicar cómo se financiará las grandes obras que anunció.
Pero un Estado al servicio del ciudadano requerirá de “la gran reforma del servicio civil. La carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio”. Esa reforma tiene que ser bien explicada porque necesitará el apoyo de la opinión pública.
Anunció también tecnología e inteligencia artificial para construir un Estado eficiente y cercano.
Este Estado a su vez requiere la “reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud”, y reorganizar los programas sociales y los servicios públicos alrededor de tres grandes políticas de Estado: protección primera infancia, jóvenes y adultos mayores.
Reducir a la mitad la desnutrición crónica, la anemia y la pobreza infantil.
Para devolver libertad económica anunció “un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor, al inversionista de cargas burocráticas”. Y una Autoridad Nacional Digital que otorgará una Identidad Digital para cada ciudadano para facilitarle los trámites.
Anunció incluso “políticas laborales y tributarias para reducir informalidad sin afectar derechos laborales”, lo que sin duda se refiere al “combo formalizador” propuesto por el ahora ministro de economía Elmer Cuba. Faltó indicar como se formalizará a los mineros informales antes del 31 de diciembre, para no tener que prorrogar el REINFO.
Ahora bien, si vamos a reducir el peso regulatorio, eliminar trabas y formalizar, ni las personas ni las pymes necesitan tantos apoyos y subsidios estatales como los ofrecidos en el discurso. Algunos como el alza de la remuneración mínima vital son contraproducentes, porque impiden la formalización e incentivan la informalización, algo que siempre fue señalado por el propio Elmer Cuba. Allí se perdió la oportunidad para empoderar al Consejo Nacional de Trabajo a que tome una decisión al respecto sobe la base de una fórmula técnica. Se ha incrementado el salario mínimo en una proporción tres veces superior al aumento de la inflación.
La mejor manera de fomentar el desarrollo de las pymes es liberarlas de trabas y abrirles el mercado formal de créditos. No con bonos temporales ni políticas de subsidios. Doblar pensión 65 es un gesto de inclusión y apertura política que en estas circunstancias puede hacer sentido.
Fue interesante el anuncio de que “para enfrentar la delincuencia, coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias”. Eso es indispensable, pues se requiere una coordinación muy estrecha y en tiempo real para dar respuesta efectiva. Pero, además, anunció el camino de la reforma judicial, sin darle ese nombre:
“Mi gobierno entablará un diálogo con las entidades del sistema de justicia… para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia”.
Muy bien. Una definición técnica y acotada de la reforma judicial. Para eso tiene ella un instrumento: el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, presidido por el presidente, que está dormido. Podría despertarlo.
Fujimori, apostando a ganador, también planteó un importante paquete de infraestructuras sociales y productivas, que deberían financiarse, en gran medida, con mecanismos relacionados a la inversión privada local y extranjera.
Keiko no sucumbió a las múltiples presiones sobre la formación de su gabinete. Nombró a Luis Galarreta, su primer vicepresidente, no congresista, como primer ministro, incluyó solo dos fujimoristas y dos allegados personales, el resto son de carácter político y técnico para enfrentar la gran tarea de reconvertir el Perú.
En los siguientes días y cuando se presente el Premier en el Congreso para exponer la política del gobierno, conoceremos los detalles de estas políticas y llenaremos los vacíos.
Estaremos atentos. Sobre todo a las eventuales maniobras de nuestras lamentables izquierdas que solo están buenas para la intriga y la traición.
Lampadia
