Alejandro Deustua
Contexto.org
27 de abril de 2026
Para Lampadia
En el proceso de recuperación de capacidades de disuasión el Estado ha procedido a satisfacer, parcialmente, un interés nacional esencial con la adquisición de veinticuatro aviones F16 Block 70. Sin embargo, ese incremento de capacidad defensiva ha evidenciado también la precariedad institucional de nuestra organización política.
Veamos. Si para un Estado presidencialista es una anomalía que un Congreso desprestigiado sea el poder dominante, que el presidente de la República haya intentado interrumpir la compra de activos estratégicos previamente evaluados muestra un grado adicional de degradación institucional. Especialmente cuando la defensa nacional estaba en cuestión, la posibilidad de establecer un adecuado balance en la región era reducida y la perspectiva de anclar al Perú en Occidente era aún retórica.
Y si el estar a cargo de un gobierno en transición y la complicación del proceso electoral no presentaban al presidente el mejor escenario posible para proceder, su conducta revisionista podría haber incrementado el costo de oportunidad en los tiempos difíciles que se aproximan.
Felizmente, ese costo se ha reducido con la suscripción “técnica” del acuerdo. Y las perspectivas de superar las vulnerabilidades señaladas y de lograr una interacción estratégica más fluida con la primera potencia están a la vista. Además, se han incrementado las posibilidades de mejorar nuestro posicionamiento hemisférico y de anclar adecuadamente nuestra proyección sobre el Asia-Pacífico y nuestra relación con China.
La nueva adquisición cobra un valor adicional al procurar el reemplazo de un parque aéreo de los años 80 (los Mirage 2000) y 90 (los MIG 29 y Su-25). Especialmente si la mayor cooperación estratégica implica incrementar las posibilidades de interoperabilidad con la primera potencia y con otras con capacidades similares en el área. Los beneficios se agregan si el sector defensa mejora con la transferencia de tecnología, desarrollo de industria e infraestructura y capacitación vinculadas.
Ello no debiera reemplazar la relación con un socio fundamental que cumplió, en otro momento y medida, con esos roles. En efecto, nuestra cooperación con Francia debe incrementarse a la luz de la relación tecnológica desarrollada por la vinculación militar durante casi medio siglo.
El Perú necesita también un anclaje en Europa para asegurar su saludable fundamento occidental.
Si el presidente tuvo dudas de última hora sobre estos beneficios potenciales debió convocar al Consejo Nacional de Defensa para considerarlos como sostiene un ex -ministro de Defensa. Finalmente fue en esa entidad que se tomó la decisión política de proceder a la compra.
A esa decisión se arribó luego de que la Fuerza Aérea presentara un estudio técnico sustentando esa opción. Al respecto, el presidente suscribió luego un par de decretos supremos autorizando la adquisición y su procesamiento secreto. Ello ocurrió luego de que el Congreso aprobara la compra segmentándola en dos tramos. La Controlaría aprobó el proceso.
De esos actos jurídicos el presidente no podía desprenderse mediante el simple expediente de presentarse en una radio y negar que representantes militares y de la empresa vendedora ya habían suscrito “técnicamente” el contrato correspondiente. Y menos abrir a la discusión pública un proceso considerado secreto.
Pero el presidente no fue el único en actuar con imprudencia.
En el marco señalado, el embajador de Estados Unidos procedió a esgrimir en redes sociales inaceptables advertencias de eventual carácter coactivo. La súbita informalización del proceso reiteró la vulneración de su carácter reservado y de los protocolos correspondientes mientras el embajador norteamericano incurría en riesgos innecesarios al ignorar las consecuencias de intentar orientar la conducta local con amenazas.
Algo parecido intentó el embajador norteamericano en Bolivia en 2002 cuando recomendó públicamente no votar por Evo Morales impulsando, como reacción, la candidatura del futuro dictador.
De otro lado, la bola de nieve iniciada por el presidente obligó a la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa. La juramentación de un nuevo Canciller proclive a la mejor relación con Estados Unidos y el desembolso del pago inicial del primer tramo de la adquisición recompusieron el proceso pero terminaron por diluir lo que quedaba de la autoridad presidencial. Por lo demás, mientras la embajada norteamericana informaba por escrito sobre estos desarrollos, los renunciantes preferían acudir a los medios televisivos. Ni las renuncias ni el proceso que la motivó merecieron las notas de prensa institucionales que se esperaban.
Hoy es indispensable aclarar algunas remanentes ambigüedades.
Primero, ¿cómo se procederá con el segundo tramo de la adquisición que involucra a 12 aviones?
Segundo: ¿tendrán éstos el mismo sistema de armas que el correspondiente a los primeros 12?
Tercero: ¿tendrá el Perú completo control sobe lo adquirido sin restricciones políticas, tácticas o tecnológicas norteamericanas?
Cuarto: ¿tienen las autoridades peruanas la convicción de que la adquisición no implica un compromiso con los fundamentos de dominio hemisférico explícitos en la “doctrina Donroe”?
Para lograr adecuadamente la capacidad de disuasión y las sinergias asociadas es necesario responder a estos interrogantes.
Lampadia
