Jaime de Althaus
Para Lampadia
En su plan de Gobierno, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez se declaran “continuadores del Amauta José Carlos Mariátegui”.
Mariátegui sostenía que el poder estaba en manos de la oligarquía terrateniente y del capital extranjero, y por lo tanto había que redistribuir la tierra, organizar obreros y campesinos y construir una economía socialista adaptada a la realidad peruana mediante la socialización de los medios de producción clave, la planificación y el rol dirigente del Estado revolucionario.
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Juntos por el Perú se define como “antiimperialista” y afirma que la Constitución actual ha desnacionalizado los recursos entregándolos al capital extranjero.
Anuncian entonces una asamblea constituyente y una nueva constitución “para recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales que pertenecen a las poblaciones”, y para el “Estado pueda montar empresas estatales”.
“Todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado. Por lo tanto, todo aquel particular que lo explote deberá pagar por su extracción. Los recursos naturales estarán en manos del Estado y, aunque no estará impedido de invertir en su explotación, su uso será impulsado en alianza público-privada. El Estado reservará para la gestión directa los recursos energéticos, productivos y estratégicos, para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos”.
Proponen entonces “renegociar de contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”. Señalan que “los ministros neoliberales se dedicaron a vender las empresas públicas que dejó el gobierno de Juan Velasco… Estas empresas públicas bien pudieron ser la base del despegue peruano”, como si no se supiera que fueron nidos de corrupción y fuentes de enormes pérdidas que terminaron generando una inflación incontrolable. El ejemplo actual es Petroperú, una reliquia del mito estatista que no llegó a privatizarse.
El Plan propone “la reducción del tiempo de caducidad de las concesiones de 30 años a cuatro o cinco años para la pequeña minería y minería artesanal. No existirán concesiones ociosas. Estas concesiones serán entregadas a los pequeños mineros y mineros artesanales asociados en cooperativas”.
Plantea “la exclusividad del Estado en la comercialización del oro”.
Y que “es necesaria la intervención pública en la regulación concertada de los mercados.” Es decir, el control de precios y otras medidas que solo sirven para generar escases, corrupción e inflación.
Quieren regresar no solo al modelo estatista sino a la estrategia de industrialización por “sustitución de importaciones estratégicas, prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales”.
Y se anuncia que se renegociarán los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Es decir, lo que se proponen en buena cuenta es matar la inversión nacional y extranjera en los sectores punta de nuestra economía, aquellos que generan los ingresos fiscales, y arruinarlos por supuesto, empobreciendo al Perú.
Como si eso fuera poco, tampoco creen en la democracia representativa:
Afirman que está “en decadencia y es utilizada por los grupos de poder económico bajo concepciones de orden liberal”. Es lo mismo que planteaba Mariátegui, para quien la democracia liberal no era vehículo suficiente de cambio porque estaba capturada por las élites económicas, y por lo tanto la única vía era una transformación revolucionaria.
Es decir, Juntos por el Perú propone todo lo que ya fracasó en el Perú con Velasco y primer Alan García, lo que destruyó a Venezuela y Cuba y arruinó a todos los países del mundo, sin excepción, donde se ha aplicado.
Y todavía hay quienes piensan que deben votar blanco o viciado. Lo que hay allí es una deshonestidad intelectual muy grande, desconocimiento o una ceguera absoluta. Lampadia
