Comando unificado contra la criminalidad
Concentrar recursos en seguridad y justicia, eliminando gastos inútiles
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ahora resulta que el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se niega a coordinar con el Poder Judicial y el Ejecutivo políticas de flagrancia para no liberar criminales pese a que la delincuencia organizada sigue avanzando y aterrorizando a millones de peruanos, buena parte de pequeños negocios en barrios enteros están siendo extorsionados todos los días, empresarios son asesinados por no pagar cupos, un teniente gobernador fue victimado, el alcalde de Comas fue golpeado y amenazado de muerte, y organizaciones criminales atacan a empresas mineras formales con métodos terroristas.
El director general de la Policía, general Víctor Zanabria, volvió a hacer un llamado dramático hace algo más de una semana: “Tenemos severos problemas en la lucha penal contra la criminalidad… lamentablemente tenemos 15 organizaciones criminales que han sido detenidas con armas, explosivos, cuadernos extorsivos y muchas otras pruebas de la participación en el sistema del ‘gota a gota’ y la extorsión, y han salido en libertad”. Agregó: “De ayer (domingo) para hoy (lunes) tenemos más de 900 detenidos por flagrancia y 170 aproximadamente con RQ y siete armas de fuego. El problema es que de esos 900, menos del 5% llega al sistema penitenciario”.
Ver en Lampadia: Así está la [in]justicia – Códigos penales pro-reo.
El asunto es insostenible pero el Fiscal de la Nación se niega a coordinar para resolver ese problema. En efecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informa a Lampadia:
“La Fiscalía de la Nación no quiere invertir en unidades de flagrancia y tampoco en resolver los problemas de los Fiscales, tampoco quiere participar en reuniones ni coordinaciones oficiales ni con el Poder Judicial ni con el Ministerio de Justicia, estamos frente a un problema grave del Fiscal de la Nación o de su entorno que mal entienden que la seguridad ciudadana es ingresar a un terreno político”.
Es increíble: Villena sabotea la lucha contra la criminalidad. El propio presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha denunciado que lo ha llamado innumerables veces para coordinar el tema de unidades de flagrancia, ¡y no le contesta el teléfono! Ni siquiera le interesa tener más presupuesto. “…debe preocuparse más por el tema presupuestal, porque hemos tenido coordinaciones con el ministro de Economía, con el primer ministro, y surge el tema de cuánto necesita el Ministerio Público, y no tenemos a sus técnicos”, agregó.
El Congreso debe tomar cartas en el asunto y crear por ley un comando unificado que coordine estrechamente las acciones, conformado por el Premier, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el jefe de la Policía, el Fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial y un representante de empresarios y trabajadores. Su primera tarea sería ver la manera de poner coto a las liberaciones de criminales detenidos en flagrancia. Hay un proyecto de ley sobre las unidades de flagrancia pero no están claros los aspectos administrativos y presupuestales y esas unidades contienen carceletas pero solo para los detenidos mientras están procesados, no para que puedan purgar penas cortas de días, semanas o meses, a fin de que no sean liberados los que no tengan penas superiores a 4 años.
El Congreso debería también priorizar el proyecto de modificación constitucional presentado por el propio Poder Judicial para ampliar el plazo de detención policial o preliminar a 15 días en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, robo, extorsión, sicariato, secuestro, trata de personas, así como el proyecto presentado por Fernando Rospigliosi para devolverle la investigación preliminar a la policía nacional.
No solo eso. Aquí ya no se trata de declarar el estado de emergencia en un distrito o una provincia. Se trata de declarar en emergencia el Perú. Cuando el Estado y los ciudadanos están amenazados, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en sus tareas esenciales: seguridad y justicia, que son su razón de ser. Eso significa concentrar recursos económicos en una estrategia efectiva para erradicar esas amenazas, dejando de financiar oficinas, gastos, programas y proyectos inútiles o sencillamente no vinculados a ese objetivo. Dejemos atrás la indolencia y tomemos decisiones. Lampadia
