Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Las reuniones y llamadas del actual jefe de la Policía Nacional con individuos del entorno corrupto de Pedro Castillo ponen en duda su idoneidad para el cargo. En realidad, todos los altos mandos de la PNP del último tiempo se han relacionado con la gavilla de delincuentes que ocupó el gobierno el 2021. Algunos se sometieron a cambio de prebendas, otros compraron sus cargos y varios aceptaron servir a esa camarilla y se convirtieron en cómplices de sus delitos a cambio de que les permitieran realizar sus chanchullos.
No obstante, no todos se sometieron. Un ejemplo notable es el del general Oscar Arriola, que como responsable de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) conocía la vinculación de Pedro Castillo y sus secuaces con Sendero Luminoso. Hubo otros también que con perfil bajo se mantuvieron al margen de la corrupción que se extendió como una mancha de aceite, y resistieron la embestida de los delincuentes socialistas del siglo XXI que trataban de controlar la PNP para usarla en función de sus intereses.
Recién cuando han aparecido informaciones y declaraciones de colaboradores que, en el curso de las investigaciones fiscales, han señalado las trapacerías de los jefes policiales, el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola ha reaccionado, a pesar que desde el 2021 se conocían casos escandalosos como el de la compra de ascensos y puestos a cambio de sobornos.
Entonces Otárola ha anunciado pomposamente una reforma de la PNP. En verdad, eso no tiene sentido. Es muy obvio que este gobierno no tiene ni las ideas, ni la fuerza, ni la decisión, ni las personas para hacer un cambio sustancial en la Policía. Es decir, se trata de palabrería para tratar de entretener a la ciudadanía y hacer creer que van a realizar grandes cambios. Además, eso genera rechazo en la PNP que está harta de reformas frustradas. Solo sirve para reforzar la sensación de inestabilidad e incentivar la pasividad en la institución.
Lo que sí podría y debería hacer el gobierno son unas pocas cosas indispensables.
En primer lugar, identificar a los oficiales que pagaron coimas para ascender y los que se beneficiaron con prebendas a cambio de ejecutar los designios de la gavilla delincuencial enquistada en Palacio. Y sancionarlos.
En segundo lugar, defender a los policías que han participado en la debelación de la asonada con la que los comunistas y delincuentes trataron de retomar el poder después de la defenestración de Castillo, y no lavarse las manos y dejarlos a merced de las ONG caviares y fiscales influidos por ellos.
En tercer lugar, equipar a la PNP que carece de lo más elemental para cumplir sus tareas, tanto para enfrentar la delincuencia como las algaradas que provocan los comunistas. Por ejemplo, el escuadrón de emergencia en Lima tenía unos 700 patrulleros en 2015 y ahora tiene unos 120 operativos, además de un precario sistema de comunicaciones debido a las compras corruptas realizadas en el gobierno de Ollanta Humala. O la carencia de carros rompe manifestaciones y vehículos para enfrentar turbas violentas, además de materiales anti motines.
En síntesis, en lugar de discursos grandilocuentes y promesas incumplibles, el gobierno debería trazarse unas pocas metas concretas que sirvan para restituir la institucionalidad corroída por el nefasto gobierno anterior (y por los de Francisco Sagasti y Martin Vizcarra) y permitan a la PNP cumplir con eficiencia su misión de combatir la delincuencia. Lampadia
