Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Hemos llegado al descontrol absoluto del país, con pérdida de autoridad, crecimiento de la delincuencia e incapacidad para aplicar la ley. Ya antes hemos dicho, todos los poderes del Estado están penetrados por el crimen y la delincuencia y, aparentemente, nadie puede poner orden.
La situación descrita, es harto parecida a la que ocurría en Colombia 2000-2016, copada por el narcotráfico, autoridades débiles e incapaces de corregirla. En el momento más crítico se diseñó, con apoyo del gobierno norteamericano y su financiamiento, el llamado “Plan Colombia”, que no fue otra cosa, que la concertación de voluntades del más alto nivel. Esto permitió hacer lo siguiente:
- Constituir en el poder ejecutivo y las fuerzas del orden, un equipo de gente con conocimiento, liderazgo y compromiso, para resolver el problema creado por esa lacra.
- Limpiar la fiscalía y el poder judicial de la gente que no daba la talla o, simplemente, era débil en la aplicación de la ley a las organizaciones criminales.
- Armar un equipo de fiscales y jueces comprometidos con el combate al crimen y brindar protección a sus identidades y labores.
- Trabajar coordinadamente con un grupo de congresistas, alineados con el combate al narcotráfico y el delito de los paramilitares que los apoyaban, para producir y gestionar la legislación necesaria.
- Producir la legislación que proteja a las fuerzas de orden (FFOO constituida por FFAA y Policía), de persecución nacional e internacional (ONGs), por el cumplimiento de su labor.
- Proveer a las FFOO del equipamiento adecuado y presupuesto suficiente para el cumplimiento de la misión.
En el Perú hemos llegado ya al punto de pérdida de control, respecto al crimen organizado y, nos estamos acercando a lo que Sendero Luminoso denominó “equilibrio estratégico”, tanto por el avance delictivo (cerca de 6 homicidios por día en enero 2025), como por la incapacidad o desinterés de las autoridades para actuar. Por lo tanto, necesitamos tomar medidas urgentes y radicales, si no queremos perder al país. Estas medidas serían:
- Convocar al Consejo de Seguridad Nacional, para que constituya las fuerzas de tarea que deban definir los objetivos y estrategias; que les permita retomar el control territorial, eliminar la actividad criminal y abatir a las cerca de 300 organizaciones criminales señaladas por el ministro del Interior.
- Convocar a los representantes del ministerio público, poder judicial y Junta Nacional de Justicia, para que, en un plazo perentorio, hagan la depuración de los jueces y fiscales, así como la designación de los miembros de un equipo de jueces y fiscales, que puedan garantizar el cumplimiento de la misión.
- Coordinar con los miembros del congreso, la legislación requerida para el combate a la criminalidad, propuesto.
- Establecer la adecuada normatividad, para que se pueda aplicar a la minería ilegal, al narcotráfico, tala ilegal, trata de personas y tráfico de terrenos, entre otros delitos, la ley de extinción de dominio sobre todos los bienes incautados, tales como: (i) Minerales; (ii) Bienes muebles o inmuebles, entre otros, hallados en posesión de los delincuentes.
- Decretar la inutilidad de todos los REINFO vencidos y caducos.
- Disponer que: Todos los valores incautados en aplicación de estas normas, sean destinados al financiamiento del sistema de defensa nacional interno y externo, sin limitación alguna.
- Construir las cárceles de alta seguridad requeridas.
Recordemos que la economía delictiva, ya se acerca al 6% del PBI, con lo que podría disponerse, para las FFOO, de cerca de US$ 15 mil millones al año, de manera inicial. Es evidente que, en la medida que se despliegue este esfuerzo, se iría reduciendo la captación de fondos provenientes del delito, hasta la eliminación de esa actividad criminal.
No obstante, debemos resaltar, que la extinción de la actividad delictiva, traerá como resultado:
- Un crecimiento automático de la inversión privada;
- Crecimiento de la economía y del empleo formal y,
- Crecimiento sostenido de la recaudación fiscal, con el que debemos reforzar nuestro presupuesto de defensa y orden interno.
Lo antes dicho, tendrá doble efecto, pues por un lado se elimina el crimen, liberando a nuestros ciudadanos emprendedores de la extorsión a la que hoy están sometidos. Mientras, por otro lado, reencausamos el desarrollo económico y social del país, con orden, disciplina e impulsando el espíritu empresarial de nuestra población.
Esto, nos permite poner en valor todo el potencial del Perú, su población y su riqueza material y humana, sin restricciones.
La ventaja del Perú, respecto a lo que ocurrió en Colombia, es que la base de los materiales incautados en Colombia era cocaína y otras drogas, que obviamente debían destruirse. En el Perú, en cambio, estamos hablando de oro y cobre, bienes que serían comercializados para financiar a nuestras fuerzas del orden, creando un círculo virtuoso.
¡Sólo así retomaremos el control del país!
Lampadia
