Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es increíble cómo van cayendo uno a uno todos los principios básicos del crecimiento económico y del desarrollo institucional. Vale preguntarse por qué el Perú no puede mantener una disciplina conceptual y un esfuerzo acumulativo continuo más allá de cierto tiempo. Corrigiendo los errores, pero manteniendo y hasta mejorando el rumbo.
Una hipótesis es que la pandemia produjo tal impacto que relajó todos los preceptos. El populismo y el clientelismo estuvieron siempre agazapados, pero saltaron sobre su presa con el pretexto de la situación creada por el COVID 19.
El caso más reciente en el que el país apenas pudo mantener un esfuerzo constructivo –débil por lo demás- de 7 años, ha sido el de la implantación de la meritocracia en el Estado vía el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil. Un proceso complejo que requería de voluntad política y que quizá debió simplificarse. Ahora pasó a la historia con la ley insistida por el Congreso que elimina el régimen CAS y convierte a todos los CAS en empleados permanentes sin meritocracia y con estabilidad absoluta. Adiós el proyecto nacional de construir un Estado meritocrático.
En el caso de los pilares del crecimiento económico pudimos mantener milagrosamente una continuidad de 30 años. Pero ese ciclo estaría llegando a su fin. El Congreso le ha infligido golpes que podrían ser terminales. La estabilidad macroeconómica, pilar fundamental, ha sido socavada con leyes que incrementan el gasto fiscal permanente en casi 6 puntos del PBI al mismo tiempo que reducen la recaudación fiscal con leyes que dañan motores económicos, reduciendo el crecimiento potencial.
Principios básicos como la libertad de precios y la libertad económica han sido afectados.
Se ha abierto el camino al intervencionismo estatal en la economía. Y ya sabemos a dónde conduce eso. Pablo Bustamante ha recordado que, a diferencia de Chile, Colombia y otros países de la región, el Perú tuvo una caída profunda en la pobreza económica en los 70 y 80 debido al estatismo proteccionista. (Ver en Lampadia: Desarrollo interruptus). Si hubiésemos seguido la línea continua de crecimiento abierto y de mercado que con breves interrupciones teníamos desde comienzos del siglo pasado, hoy estaríamos por encima de Chile. Pero caímos en el profundo pozo del intervencionismo estatal que, paradójicamente, redujo el Estado a su mínima expresión a fines de los 80.
Parece que vamos a volver a caer, como si no hubiésemos aprendido nada. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido justamente un proceso de reconstrucción del Estado y sobre todo de crecimiento económico sano y competitivo, limitado en la última década por regulaciones crecientes que fueron restaurando una suerte de intervencionismo estatal de baja intensidad. Es que, confiando en que el modelo es potente, se les cuelgan cada vez más obligaciones, requisitos y cargas a las empresas, hasta que ya casi no pueden caminar. Por eso lo que el modelo no pudo resolver fue la alta informalidad. Para resolverla, había que restablecer los grados de libertad económica conculcados y empoderar tecnológicamente a los pequeños.
Lo que se viene podría ser peor. Si Yonhy Lescano es elegido presidente, lo que tendríamos, según sus promesas y su plan de gobierno, sería el puntillazo final a los principios básicos del crecimiento y a sus motores principales. Comenzando por la minería, que será nacionalizada a la boliviana, y sus contratos renegociados. No vendrá más inversión minera, así como en Bolivia nunca llegó más inversión gasífera, lo que la dejará sin reservas en 10 años.
Se consolidará la intervención en el sistema de precios con la obligación al Banco Central de poner topes a las tasas de interés, lo que alejará el crédito formal de los pequeños, expulsándolos al agiotismo y cortando el avance a la inclusión financiera y a la formalización económica.
Más grave aún: se afectará la autonomía del Banco Central, sustento de la estabilidad macroeconómica del país.
El principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado –base también del crecimiento- será dejado de lado. Se crearán empresas públicas en sectores “estratégicos” como la aeronáutica y seguramente el gas, y convertirá al Banco de la Nación en un banco comercial público, tal como ha anunciado.
Además, se empezará a introducir formas de protección rentista a sectores productivos (industriales, agricultores), como también ha prometido.
En suma, un retroceso a una forma menos radical del estatismo de los 70 y 80.
En lugar de eliminar sobre regulaciones y restablecer libertad económica y más competencia para devolverle velocidad al crecimiento, y de reformar el Estado para tener servicios públicos eficientes, se ofrece lo contrario. La ruta al abismo nuevamente. Lampadia
