Con bombos, platillos y reflectores, el gobierno promulgó ayer la ley que declara de interés nacional el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, que implica, además de la modernización propiamente dicha, la desulfurización y una ampliación –un proyecto que hemos calificado como maximalista.
Para justificar este proyecto y desterrar las suspicacias, se han hecho promesas de todo tipo: el relanzamiento de Petroperú no tenía nada que ver con las experiencias pasadas, porque el Buen Gobierno Corporativo y el listado en la Bolsa de Valores y la participación del sector privado con el 49% de las acciones de la empresa, son los candados y antídotos, las vacunas, de cualquier intento de usar a Petroperú como la caja chica de los gobiernos o como el espacio laboral de las clientelas políticas.
Sin embargo, surge una pregunta elemental: ¿Quién será el titular del 51% de acciones del Estado? La respuesta sería el Estado, pero el titular de las acciones del Estado en las empresas públicas es el FONAFE (Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Bueno, pues, Petroperú está excluida del mismo. Asimismo, si se quiere evitar las malas prácticas que han convertido a las empresas estatales en íconos de mala gestión, ¿por qué se mantiene la exoneración a Petroperú del CONSUCODE y del SNIP?
Si el Gobierno tiene, de verdad, la intención de reconstruir Petroperú como una empresa modelo, transparente y con una muy buena calidad de gestión, tendría que empezar por corregir estas incongruencias, de liberar a la inversión empresarial más grande del Estado, de los controles y procesos a los que están sometidas el resto de las empresas estatales.
No estamos hablando de un pequeño reflotamiento. Hablamos de una mega inversión de US$ 3,500 millones. Hablamos, pues, de una empresa que podría tener el apellido de estratégica. Si no se corrigen estos aspectos de control, Petroperú podría estar pasando de ser la caja chica de los sucesivos gobiernos, a erigirse como su Caja Grande. Si se quiere lograr la confianza de los ciudadanos en los enunciados gubernamentales, es preciso iniciar el proceso eliminando el status especial de la empresa. Esto, está enteramente en manos del gobierno.
