Un absurdo proyecto de Ley pretende regular “la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción”.
Actualmente, los delitos penales se refieren a las personas naturales, ya que solo la acción de un ser humano específico puede reunir los requisitos de un eventual delito penal: acto humano, voluntario y debidamente tipificado.
La legislación actual ya establece medidas aplicables a las personas jurídicas que sean utilizadas por sus representantes para la comisión de delitos. Por ello, pueden ser incorporadas a procesos penales como “terceros civilmente responsables”, pudiéndoseles exigir el pago de reparaciones y otras sanciones.
La propuesta normativa del proyecto indicado, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas con relación a la responsabilidad penal de las personas naturales para los casos de: colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Estos serían aplicables ahora a las personas jurídicas de derecho privado, asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, sociedades irregulares, entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del estado o sociedades de economía mixta. En otras palabras, a todo lo que se puede calificar como NO-Gobierno, que incluye: medios de comunicación y todo tipo de asociaciones.
Evidentemente, esta medida, que puede ser neutra en sí misma, representa una espada de Damocles en manos de malos políticos, sobre todo en un país como el nuestro, que adolece de tremendas debilidades institucionales.
Esto afectaría a sus administradores, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, a las personas naturales que presten servicios a las entidades indicadas y que actúen por orden de estas y, a las personas naturales que no ejerzan el suficiente control o vigilancia sobre sus encargos.
Las medidas planteadas incluyen multas y disoluciones, clausura de locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo y la cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas y municipales, así como la suspensión de las actividades sociales y la prohibición para contratar con el Estado.
El planteamiento de la norma parte del supuesto de que el origen de la corrupción está en el sector privado. El mismo argumento con el que se descalifica a los peruanos por ser supuestamente proclives a la falta de respeto a las normas (semáforos), o por ser complacientes con los políticos que roban, etc. cuando la realidad demuestra que no es el ciudadano el que está mal, sino el sistema (considere el comportamiento de 3 millones de peruanos en el exterior, ver en Lampadia: Roban pero hacen obra – (Comentado por Lampadia). )
El proyecto utiliza como pretexto la norma anti-cohecho internacional de la OCDE (que no ha sido adoptada por todos sus miembros), y que se refiere a las coimas que pagan las empresas fuera de sus países de origen. Aspecto que el Perú tendrá que negociar antes de ser parte de la OCDE. Recordemos que Alemania, hasta el año 1999, permitía que sus empresas nacionales descontaran, como costo tributario, las coimas (cohecho internacional) pagadas a sus clientes en el exterior.
Llama la atención que este proyecto tome cuerpo cuando arrecia la corrupción en el sector público y se exacerba el clima político del país.
¡Los peruanos debemos rechazar toda “Espada de Damocles”! Lampadia
