Jaime de Althaus
Para Lampadia
La noticia ha sido que el Perú ha caído, de un año a otro, 20 puestos en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional. Hemos bajado de puesto 101 al 121 entre 180 países. Refleja lo ocurrido en el 2022 y hasta setiembre de 2023. Es decir, principalmente el gobierno de Pedro Castillo, y los primeros nueve meses del gobierno de Dina Boluarte.
El asalto a los ministerios y entidades públicas durante el gobierno de Castillo fue escandaloso. Se despedía gente preparada y se colocaba a partidarios o familiares o amigos intonsos y hasta neosenderistas y prontuariados en muchos casos. Se proyectó a escala nacional el patrimonialismo propio de la gestión municipal y regional. El patrimonialismo es, como sabemos, lo contrario de la meritocracia. La autoridad cree que los recursos públicos son propios y los distribuye a amigos y familiares.
El Congreso, por supuesto, colaboró con esa percepción. Ya el parlamento anterior, el de transición, había desplegado un festival de leyes populistas. Una de ellas, flor de clientelismo, fue el nombramiento con contrato indefinido sin evaluación ni carrera meritocrática a más de 300 mil personas con contrato CAS.
Una variante más del Estado como botín. Es conocido que en la mayor parte de municipalidades y gobiernos regionales es imposible ganar una licitación o un contrato de obra, sin entregar un porcentaje al alcalde o al funcionario. Y muchos contratos y licencias son para los amigos o los correligionarios o los familiares.
Esta situación se ha ido empeorando en la última década.
Si en el 2012 estábamos en el puesto 83, hoy estamos en el 121.
La sucesiva perdida de posiciones en el ranking global de corrupción es, en parte, la contrapartida de la pérdida de libertad económica ocurrida precisamente en la última década. Lo que hemos tenido desde el gobierno de Humala es un creciente intervencionismo de baja intensidad, que ha terminado por ahogar la iniciativa privada, sobre todo la de los pequeños, que no pueden crecer por el asfixiante peso regulatorio. En esas condiciones, el Estado se vuelve un medio apetecible para medrar y obtener por vías eventualmente no lícitas lo que en la libre competencia del mercado es imposible debido a la maraña regulatoria que expulsa a las personas a la informalidad.
Es la estatización de la movilidad social ascendente.
Por lo tanto, si queremos recuperar posiciones y disminuir los niveles de corrupción, tenemos que empezar por restaurar la libertad económica, liberando las fuerzas productivas de modo que los ciudadanos puedan progresar de manera sana desplegando sus capacidades y voluntades en el libre mercado. De paso le devolvemos energía de crecimiento a la economía peruana, para generar empleo real y volver a reducir la pobreza.
Además, muchas de esas regulaciones son en realidad cupos que se inventan para que los empresarios o emprendedores tengan que pagarle al funcionario a fin de poder operar. Es decir, son el instrumento mismo de la corrupción. Al suprimir permisos y requisitos, suprimimos ocasiones de corrupción.
En ese sentido, es indispensable avanzar en la gestión del préstamo que permita aplicar con el mayor rigor y presteza el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a todo el stock de normas de los sectores más importantes. El Congreso, en lugar de crear normas adicionales debería fiscalizar que ese programa se ejecute.
Agregar y digitalizar con inteligencia artificial las compras del Estado es vital. Asimismo, ayudará mucho introducir modalidades de gestión privadas en todos los servicios públicos que se pueda, con contratos de gestión que deban cumplirse so pena de ser cancelados.
Autoridades nacionales autónomas estilo BCR para servicios clave sería revolucionario. Y avanzar con la meritocracia (el régimen de la ley del servicio civil) en todas las entidades del Ejecutivo, tal como dispone un reciente decreto legislativo que, sin embargo, no ha recibido aún los recursos presupuestales para implementarlo. Eso debería ser prioritario, en lugar de ofrecerle garantías a PetroPerú que, casi con toda seguridad, tendremos todos los peruanos que honrar.
De la misma manera que resulta estratégico ejecutar el préstamo ya obtenido de 200 millones de dólares del Banco Mundial y del BID para implantar el expediente electrónico judicial en el área penal. Eso ayudará a la celeridad y la transparencia, el peor enemigo de la corrupción.
La sociedad civil, por su parte, debería instalar un observatorio de las sentencias para identificar, mediante inteligencia artificial, aquellas que no están ajustadas a la jurisprudencia de la Corte Suprema o del TC. Lo que sería un indicador claro de corrupción. Pues si hay predictibilidad en las sentencias no solo conquistamos seguridad jurídica, sino que cerramos el espacio a la compra de sentencias.
Y exigir libertad económica, para volver a levantar el país. Es lo principal.
Lampadia
