Por: Jaime de Althaus
La primera ministra, Violeta Bermúdez, se reunió el lunes con la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez y no se le ocurrió pedirle que retirara de la orden del día del pleno del miércoles los dictámenes que derogaban dos decretos de urgencia claves para la estabilidad fiscal del país: el que regulaba la negociación colectiva en el Estado y el que frenaba que los jueces repusieran con estabilidad laboral absoluta a trabajadores CAS con contratos vencidos. El hecho es que por ambas vías se está generando una bomba de tiempo fiscal y grave afectación al principio meritocrático, pero al Congreso -cuándo no-, solo le interesa el aplauso inmediato o la retribución Dios sabe a qué dones.
De modo que nada habría cambiado. La paliza recibida de parte del pueblo no ha vuelto al Congreso más reflexivo ni responsable ni lo ha inducido a una cura de silencio legislativo, como ilusamente creímos.
Pues también insistió en una ley que había sido observada por el Ejecutivo: la que le da rentas y dietas a las municipalidades de centros poblados, que son nada menos que 2,534 en todo el país, otra bomba de tiempo. Con ese incentivo se crearán muchas más, multiplicándose la cantidad de entidades que absorben recursos del Tesoro. No solo eso: adquiere mayoría de edad un nuevo nivel de gobierno, con lo que ya tenemos cinco: municipalidad de centro poblado, distrital, provincial, gobierno regional y gobierno nacional. Para no hablar de la comunidad campesina. ¿Puede ser gobernable un país con 5 o 6 niveles de gobierno?
Por su parte, al fugaz gobierno de Merino le alcanzó el tiempo para promulgar dos leyes: la que autoriza el retiro de fondos de las AFPs por segunda vez, lo que dejará a muchos sin pensión para que a la larga terminen presionando al Estado, y la que asigna dos puntos del IGV a los gobiernos regionales para inversión (cuando en la actualidad no gastan más de 1 punto). ¡Ambas leyes iban a ser observadas por el gobierno vacado! Dos cargas fiscales adicionales en un país que deberá reconstruir su equilibrio fiscal Dios sabe cómo.
La creatividad para la dilapidación es inagotable. Ahora se viene -entre muchas otras fabulosas iniciativas, como la creación de una línea de bandera- la insistencia en la ley de devolución de fondos de la ONP, que abre un forado inmediato de 18 mil millones de soles. ¿Waldo Mendoza va a reaccionar? Se producen reuniones con la mesa directiva y con las bancadas, pero nadie en el Ejecutivo le plantea al Congreso la necesidad de acordar una agenda legislativa conjunta -que es además un mandato del art. 29 de la ley del Congreso-, algo indispensable antes que no quede nada del Estado peruano y de la economía de mercado.
Para no hablar de la ley de nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud, ¡que no ha sido demandada ante el TC! La Constitución que algunos quieren cambiar sirve precisamente para neutralizar estos desmanes, ¡pero ni siquiera se usa! La izquierda está consiguiendo su propósito de demoler el modelo económico y social incluso sin necesidad de cambiar la Constitución, porque no hay resistencia. ¿Cómo será con una nueva Carta Magna?
