Por: Jaime de Althaus
Ha sido una gran noticia que por fin tengamos vacunas, pero la demora patológica que tuvimos determina que antes de que llegue el lote importante, en abril, ya la segunda ola habrá crecido si es que el gobierno no monta una operación masiva de pruebas moleculares-aislamiento-alimentación para que el rebrote no se convierta en ola.
Para ello no basta la intervención en los barrios más infectados de 16 distritos que semanalmente realiza la operación Tayta. Se requiere mucho más, solicitando el apoyo logístico de la empresa privada.
Pero hay otra ola, cuyos efectos serán mucho más letales en el mediano y largo plazo. Es la que viene generando el Congreso con leyes que, de una parte, incrementan de modo significativo el gasto público y, de otro lado, disminuyen los ingresos del Estado al malograr motores de crecimiento y afectar piezas clave de la acumulación económica.
El resultado será un Estado estructuralmente desfinanciado, impotente, fallido. Un país inviable, como el de los 80.
Los candidatos a la presidencia deberían demandar al Congreso no solo que cese de legislar en ese sentido sino que derogue las leyes letales que ya ha dado, o anunciar que ellos lo harán de llegar a la presidencia, porque no podrán gobernar ni llevar a cabo sus planes con un fisco exangüe.
Pues el Estado que recibirá el próximo presidente tendrá que cargar, primero, con la incorporación en calidad de nombrados con estabilidad absoluta y sin concurso, de más de 300 mil CAS actuales. Una capa burocrática que se enquistará sin obligación de rendimiento alguna y que costará más de 2,000 millones de soles.
Luego, al derogarse el DU que regulaba la negociación colectiva, se generará un gasto adicional anual de por lo menos S/ 14,500 millones anuales según el Consejo Fiscal. Lo mismo al modificarse el DU sobre las reposiciones judiciales de trabajadores CAS, lo que implica 1,456 millones más.
Como si fuera poco, otra ley fijó 2 puntos del IGV para gastos de inversión en las Regiones, cuando ahora ese gasto no pasa de 1 punto. Otra bomba de tiempo fiscal es la que le asigna rentas a las 2,600 municipalidades de centros poblados, ahora quinto nivel de gobierno. Para no hablar de la ley ONP, que costará 18 mil millones si es que el TC no la declara inconstitucional. Y la cereza de la torta: la reforma constitucional del 6% del PBI para educación, sin que se sepa de donde saldrá el 3% adicional.
Menos aun considerando que otras leyes reducirán los ingresos fiscales al atacar a sectores clave. La reciente ley agraria corta de un tajo el dinámico crecimiento agroexportador y aborta los nuevos motores económicos acuícola y forestal. Las leyes de retiros de fondos de las AFP merman el ahorro nacional para financiar proyectos de inversión públicos y privados. La ley de topes a las tasas de interés anulará el motor de la pequeña y micro empresa, que se quedará sin crédito. Y así.
El próximo presidente heredará un Estado inflado y rígido, sin meritocacia, no reformable y estructuralmente desfinanciado debido además a un aparato productivo semi desmontado que generará menos tributos. Debería protestar desde ahora.
