Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2021
Lo natural, lo lógico, es que se unan para elegir la Mesa Directiva del Congreso todas aquellas bancadas que defienden la economía social de mercado y se oponen a una asamblea constituyente. Esa es la gran línea divisoria en la política peruana y por lo tanto debería expresarse en los alineamientos en el Congreso.
Pero, hasta el momento de escribir esta columna, no era eso lo que ocurría. Desde hace días Perú Libre viene trabajando un bloque con Juntos por el Perú, Somos Perú y Podemos. Hasta la tarde de ayer eso no estaba cerrado y ojalá se entrampe porque no se entiende qué lleva a Somos Perú y a Podemos a aliarse con Perú Libre para la conducción del Congreso.
Ese apoyo solo se justificaría si es que formara parte de un acuerdo que incluyera la renuncia de Perú Libre al proyecto de la asamblea constituyente. Pero ese asunto no estaría formando parte de las negociaciones. Habría que indagar entonces si hay intereses particulares que pudieran estar moviendo a los líderes de esos partidos a juntarse con la bancada gubernamental.
En realidad, perdida la batalla electoral, el gran objetivo ahora es lograr que el gobierno entienda que su dudosa victoria es precaria, que solo el 38% de los electores votó por el presidente electo y que por lo tanto tiene la obligación de gobernar para todos convocando a los mejores sin distingo de orientación política, y desistiendo por su propia estabilidad de la idea de una asamblea constituyente que sería una declaratoria de guerra civil que no solo saboteará su propio programa de recuperación económica y social, sino que hundirá al país en un conflicto político de impredecibles consecuencias.
Para ello lo mejor es que las bancadas de centro y derecha se unan para la mesa directiva, pero no para declararle la guerra al gobierno de Castillo sino, por el contrario, para hacerlo viable, para facilitar la recuperación nacional. ¿Cómo? Pues ofreciéndole apoyo a una agenda legislativa concordada que le permita llevar adelante sus programas, a cambio de canalizar cualquier propuesta de reforma parcial o total de la Constitución vía el Congreso y el artículo 206.
Salvarnos de una asamblea constituyente salvaría al gobierno de su propia caída. Y salvaría al país. Oponerse a una asamblea constituyente no es un capricho. No solo por el posible resultado (una nueva constitución más estatista que anularía el crecimiento y la reducción de la pobreza), sino porque se convierte en un instrumento de poder absoluto del gobernante. En Venezuela, Ecuador y Bolivia las asambleas cerraron los congresos vigentes y renombraron los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas y otras instituciones entregándolos al control político presidencial. Y aprobaron la reelección del mandatario.
Como bien señaló Carlos Amat y León, si Castillo busca a los mejores para lograr una salud y educación de calidad, y recuperar la economía y el empleo, todos apoyarán y esos fines se lograrán. Si insiste en polarizar mediante una asamblea constituyente y otras iniciativas contraproducentes, esos problemas se agravarán y generará un vacío de liderazgo que puede precipitar la vacancia.
