Por: Iván Alonso
El Comercio, 10 de abril de 2020
Todo el mundo quiere una reforma integral del sistema privado de pensiones (SPP), quizás porque cada uno se la imagina a su manera. Pero nadie sabe decirnos qué entiende por una reforma integral; dónde comienza y dónde termina. A los lectores versados en cálculo se les vendrá a la mente el concepto de la integral indefinida. ¿Queremos apartarnos del principio de que las pensiones dependan del ahorro individual? ¿Queremos que los fondos sean administrados por el sector privado o por el sector público? ¿Queremos preservar la independencia de los administradores para decidir cómo invertir los fondos de sus afiliados o que simplemente obedezcan los dictados de un comité de notables o de algún otro iluminado?
Este economista firmó la semana pasada un pronunciamiento público que, entre otras cosas, llamaba a una reforma integral del SPP. Lo hizo porque le parecía más importante defender otros principios que discutir por una palabra. Pero ahora tenemos que decirlo: no creemos que una reforma integral sea necesaria.
Para muchos afiliados, el SPP ha funcionado muy bien. Les ha impuesto una disciplina de ahorro que, de otro modo, difícilmente habrían tenido. Ha rentabilizado sus aportes, a tal punto que, por cada sol aportado, han terminado con tres o cuatro en sus cuentas individuales de capitalización, de las que salen sus pensiones. Si han aportado durante 20 o 25 años, reciben o van recibir una pensión equivalente al 70% u 80% del sueldo que ganaban. ¿Qué necesidad hay de cambiar las reglas para este tipo de afiliados?
Pensemos en otro tipo de afiliados y creemos, si es necesario, un régimen distinto para ellos. Pero antes detengámonos a mirar con atención qué es lo que, en su caso, ha fallado. No han sido las comisiones ni el hecho de que solamente existan cuatro AFP. Lo que ha fallado, obviamente, es que no han podido acumular un fondo suficientemente grande, que les dé una pensión conforme a sus expectativas. ¿Por qué?
Una primera razón es que la gran mayoría de los jubilados del SPP –el 98%, según un estudio de la Asociación de AFP– han cotizado menos de 20 años. Eso explica, en parte, que sus pensiones sean bajas. Pero, por lo menos, tienen una pensión. Con menos de 20 años de cotización no recibirían nada de la ONP. No solamente de la ONP, sino de ningún sistema de reparto –es decir, de ningún sistema en el que el monto de la pensión no esté basado en aportes individuales–, porque los sistemas de reparto tienen que fijar un período mínimo de cotización para ser financieramente viables.
Una segunda razón, que está en manos del Gobierno corregir, es que muchos de esos jubilados provienen del sistema público y han sido esquilmados por la forma como se paga el bono de reconocimiento, que, como su nombre lo indica, reconoce los aportes hechos al sistema público antes de trasladarse al SPP. El bono se calcula en la fecha de traslado, pero se entrega años después, cuando el afiliado se jubila. Entretanto, el monto del bono se ajusta solamente con la inflación, lo que quiere decir que el afiliado pierde toda la rentabilidad que habría acumulado si el bono de reconocimiento se hubiera incorporado a su cuenta individual de capitalización desde el principio. Con eso, las pensiones podrían aumentar hasta en un 50% o 70%. Es, en realidad, el Estado el que les ha fallado a los jubilados del SPP.
