Jaime de Althaus
El periodo de anarquía que vive el Perú desde el 2016, pero con intensidad eclosiva desde que el Congreso vacara la presidencia, eligiera a Merino y luego a Sagasti, ha abierto las compuertas a una ola de protestas y movilizaciones que mezcla demandas justas e indignadas con impulsos destructivos que pueden acabar –para el bicentenario- con lo bueno que hemos construido en los últimos 30 años.
Las movilizaciones de los jóvenes contra Merino, pero también contra el establishment político en general, que deberían impulsar su incursión en la esfera pública formando partidos y una reforma política profunda, se terminan redirigiendo hacia el cambio de una Constitución que trajo crecimiento y reducción de la pobreza como nunca antes.
Las protestas justas contra empresas agroexportadoras que contratan informalmente a sus trabajadores usando a enganchadores modernos, se terminan dirigiendo contra la ley de promoción agraria que ha producido el desarrollo económico, social y tecnológico más espectacular del Perú en los últimos 20 años, creciendo a dos dígitos y formalizando a cientos de miles de trabajadores con salarios que han crecido más que en todo el resto de la economía.
Podemos llegar al bicentenario sobre las ruinas de nuestros mejores avances, con todos los caminos al futuro dinamitados. Esta ola que podría levantarnos para mejorar si se canalizara bien, puede hacer naufragar las naves emblemáticas del crecimiento peruano de las últimas décadas: la Constitución, la agroexportación, la minería y, con la ayuda indesmayable del Congreso, el sistema privado de pensiones y el equilibrio fiscal mismo, base de la estabilidad económica.
A esa ola se han subido, en mayor o menor medida, tres candidaturas: la de Verónika Mendoza, que es precursora en realidad, y la más entusiasta; Julio Guzmán y George Forsyth. Piensan que les ayudará a llegar a Palacio, pero a un Palacio en escombros. ¿De qué servirá llegar si luego no habrá cómo reconstruir?
El gobierno mismo coquetea con el talismán de una nueva Constitución y encarga al Acuerdo Nacional que forme un grupo para “sentar las bases” de un cambio de Carta Magna. Quiere sentar las bases de todo sin percatarse que, en algunos casos, está contribuyendo a destruir las bases sólidas que teníamos. Con la pistola de un bloqueo en la sien, tuvo que entregar el productivo régimen laboral agrario luego de que por otra decisión suya la policía entró en huelga de brazos caídos dejando bloquear las vías. Sin que ayer la primera ministra dijera nada en el Congreso acerca de cómo se va a recuperar la Policía y el orden público.
Mientras tanto, el gobierno luce impotente para contener el alud populista del Congreso, que en los últimos días derogó dos decretos de urgencia vitales para desactivar una bomba de tiempo fiscal, aprobó la ley de rentas para las municipalidades de centros poblados –otra bomba de tiempo-, e insistió en lo increíble: la ley de devolución de fondos de la ONP, un forado abismal. Y como si nada de eso fuera problema, ayer la primera ministra no demandó al Congreso ponerse de acuerdo en una agenda legislativa conjunta, algo sobre lo que debió hacer cuestión de confianza para no seguir hundiendo la barca.
El camino al bicentenario no puede ser un reguero de pólvora.
