En el siguiente editorial de El Comercio, se analiza la absurda propuesta de reforma de la Constitución que busca establecer “el derecho al agua” como precepto constitucional, como si el acceso al agua dependiera de un enunciado jurídico y no de la promoción de la inversión. Se analiza la prohibición existente para que los concesionarios de agua (minas, fundos agrícolas y otros) puedan vender a terceros la parte que no usan. Esta increíble prohibición, que viene del velascato, impide la inversión privada en reservorios, canales y ductos y explica que la mayor parte del agua de nuestras cuencas se pierda. Así, los pobres terminan pagando doce veces el precio del agua que pagan los sectores urbanos.
El tema del agua es una de las grandes estafas del Estado a los pobres, pues en su nombre se mantienen los monopolios estatales y se evita un mejor y más amplio servicio. (Lampadia)
