Por: Marcial García, Socio de Impuestos de EY Perú
El Comercio, 7 de noviembre de 2018
El impacto final sobre la inversión minera de la caída de los precios de los principales metales que el Perú exporta (cobre -10%, oro -3,7%, plata -13,8% y zinc -19% en los últimos 12 meses), a raíz de la guerra comercial desatada por Estados Unidos, todavía es incierto. A corto plazo, los proyectos en cartera siguen avanzando. El BCR estima que la inversión minera llegará a US$4.600 millones al cierre de este año, un incremento de 17,1% con respecto a la cifra registrada en el 2017.
Pero el optimismo que ello puede despertar tiene que venir acompañado por acciones concretas para asegurar el desarrollo de nuevas minas.
Emprender reformas profundas requiere consensos que en esta tensa coyuntura política son impensables. Sin embargo, es posible adoptar medidas de impacto inmediato para mejorar las expectativas de los inversionistas. Hay que recordar que su aversión al riesgo tiende a aumentar cuando las cotizaciones retroceden en los mercados internacionales.
Dado que el precio de los metales es algo que no se puede controlar, lo que debe mejorarse son las condiciones para la inversión minera. En parte, ello pasa por acelerar la aprobación de normas que están pendientes para perfeccionar el sistema tributario minero.
Una serie de deficiencias y vacíos legales actualmente generan diversas interpretaciones y, por tanto, inseguridad jurídica, siendo fuente de controversias con la Sunat, algunas por varios cientos de millones de soles. Muchas de estas precisiones pueden ser dictadas por el Ejecutivo por vía reglamentaria, aunque otras dependen del Congreso.
Pero, tan importante como eso es continuar simplificando los trámites que tienen que realizar las mineras ante distintas entidades públicas para llevar a cabo sus actividades. Una representativa voz del sector decía hace poco que “la cantidad de regulación hoy es diez veces mayor que hace siete años”. Esto es preocupante pues implica un retroceso que, desde luego, desalienta la inversión.
Un desafío aun mayor es encontrar una solución definitiva a los conflictos socioambientales, que siguen perturbando la actividad minera.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que el sector minero sigue siendo el que registra el mayor número de controversias activas de ese tipo, con el 66% del total de casos. Eso es reflejo del descontento de la población con el manejo de los recursos provenientes de la minería (como el canon) y la falta de presencia del Estado en zonas apartadas, con brechas sociales y pobreza, que es donde la industria realiza sus operaciones.
No nos engañemos. Si, a pesar de todo, este 2018 pudimos ver el inicio de algunos proyectos greenfield es porque estos venían madurando de tiempo atrás.
Si pronto no se hace lo necesario para contrarrestar el declive de los precios de los minerales, puede que otros no sigan la misma suerte.
