Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ha sido un acierto la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, presidida por el presidente del Consejo de ministros e integrada por los ministros de Justicia, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Es una suerte de directorio del Ejecutivo para supervisar, ajustar y coordinar las estrategias y acciones contra la criminalidad, removiendo los obstáculos que eventualmente impiden actuar a la policía o al Ministerio Público o a otras instancias.
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Por ejemplo, si la Policía necesita que Osiptel facilite determinada información o realice algún tipo de control, acude a este directorio y plantea la demanda. Entonces la Comisión cita a los directivos de Osiptel que no se van hasta que el tema ha sido resuelto.
Lo mismo con lo que se requiera de las empresas operadoras telefónicas o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Si se necesita algún acuerdo con países vecinos para expulsar a sus connacionales indocumentados, el ministro de Relaciones Exteriores asume el encargo. De hecho, apremia un acuerdo para que las fuerzas armadas de Perú, Colombia y Ecuador puedan compartir inteligencia y logística de uno y otro lado de la frontera porque cuando una organización criminal perseguida cruza al otro lado, ya no se la puede seguir.
Lo mismo si se requiriese un apoyo determinado de la policía norteamericana en el marco del Escudo de la Américas, por ejemplo.
Si se requiere cambios normativos para poder retirar de la policía a los elementos corruptos o vinculados a organizaciones criminales, sin que luego sean repuestos por el Poder Judicial, la Comisión desarrollará las gestiones necesarias con el presidente del Poder Judicial y promoverá los cambios legales necesarios en el Congreso.
Si se trata de que los jueces apliquen las leyes que protegen a policías cuando estos abaten a un delincuente, por ejemplo, el ministro de Justicia buscará los acuerdos pertinentes con el Poder Judicial.
En realidad, es un tema que requiere de una estrategia especial porque los jueces, influidos por determinadas corrientes de derechos humanos, por lo general inaplican leyes vigentes en uso cuestionable del llamado control difuso de la Constitución. Es obvio que si los policías tienen miedo de disparar a los delincuentes por las posibles consecuencias penales que puedan sufrir, la guerra está perdida de antemano.
De hecho, esta comisión, ha incorporado en la práctica al Fiscal de la Nación Tomas Galvez y han acordado la participación de fiscales en los operativos del Comando Unificado así como fortalecer el rastreo del dinero de las organizaciones criminales. Ya antes esta misma comisión creó una mesa de trabajo presidida por el ministro de Justicia con el ministerio Público y la Policía para acordar un protocolo de actuación conjunta en la investigación preliminar.
Se requiere, de otro lado, que los gobernadores regionales y alcaldes activen sus respectivos comités de seguridad ciudadana, que reúnen a todos los actores institucionales, sociales y económicos relevantes que deben articularse para crear un ecosistema que quite espacio a la extorsión. Esta comisión entonces encargaría a la PCM que movilice a los alcaldes para este fin.
Es importante, de otro lado, que el Estado peruano tenga una cifra única y confiable de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes.
El INEI, por ejemplo, dio una tasa de 10.7 para el 2025. Sin embargo, la Policía tiene otros números: 7.4 para el 2024, 8.6 para el 2025, y 7.1 para lo que del 2026. Y sostiene que sus números son exactos porque cada fallecido por homicidio está identificado y registrado.
Según la Policía, entonces, la tasa de homicidios está bajando. Pero ni el gobierno ni el país pueden capitalizar ese resultado (que influiría en la caída de riesgo país, por ejemplo) por la desconfianza que existe en la información policial. Entonces la Comisión Multisectorial podría convocar al jefe del INEI, que depende de la PCM, para que revise, verifique y certifique la data y tengamos una cifra confiable.
Y así sucesivamente. La Comisión de Alto Nivel ha nombrado secretario técnico a Juan Villaran, una persona de alta capacidad y mucho conocimiento del tema de seguridad.
Lo importante es que el gobierno tiene ya una suerte de estado mayor de la lucha contra la criminalidad que ayudará a derrotar a ese enemigo del país.
Lampadia
