Natale Amprimo Pla
El Comercio, 11 de noviembre del 2026
“Se busca poner en la agenda de debate a Castillo, mostrándolo como alguien arbitrariamente detenido y una suerte de ‘víctima del sistema’”.
Hace unos días, los diputados de Juntos por el Perú han presentado el proyecto de ley 00719/2026-2031-CR, por el que proponen conceder amnistía a las personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos vinculados a las protestas ocurridas desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la eventual ley de amnistía, incluyendo los hechos anteriores al golpe de Estado de Pedro Castillo, del 7 de diciembre de 2022, así como los ocurridos ese día y los posteriores al mismo. Es decir, como indica el propio proyecto, “los actos previos o preparatorios y los actos posteriores” directamente vinculados a ellos.
Además, se incorpora un anexo con una relación de personas y grupos comprendidos, entre los que se encuentran Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres y Willy Arturo Huerta, y otros investigados o procesados por hechos denunciados y tipificados como disturbios; grave perturbación a la tranquilidad pública; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; violencia y resistencia a la autoridad; daños simples y agravados; usurpación de espacios, vías y locales públicos; extorsión; apología y apología del delito de terrorismo; organización criminal y banda criminal, entre otros.
Siendo que quien ejerce el derecho de amnistía es el Congreso, conforme con el artículo 102 de la Constitución, y que, por tanto, el éxito del planteamiento es de remotísima posibilidad, hay que entender la presentación del proyecto de ley como un gesto político que, desde mi punto de vista, tiene varios objetivos.
El primero de ellos es mantener vigente la figura de Castillo, pues me parece que, conforme pasa el tiempo, van surgiendo otros liderazgos en el sector extremista. Así, se busca poner en la agenda de debate a Castillo, mostrándolo como alguien arbitrariamente detenido y una suerte de “víctima del sistema”, habida cuenta de que las pretensiones de libertad intentadas en el campo judicial y constitucional han fracasado.
De esta manera, se busca la solución política, ya que la jurídica no le funciona. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha rechazado de manera sistemática los recursos de hábeas corpus interpuestos por la defensa del expresidente, con los cuales intentó anular su proceso penal, su detención y su prisión preventiva tras los hechos del 7 de diciembre del 2022.
Otra razón de la presentación del proyecto de ley es, sin duda, el hecho de que algunos quieren capitalizar el liderazgo que aún Castillo puede mantener en ciertos sectores. Así como en la campaña tuvimos al candidato Roberto Sánchez enfundado en el sombrero chotano del “prosor”, hoy también hay quienes quieren lograr una visibilidad y liderazgo sobre la base de exprimir esa defensa.
Por otro lado, la inviable amnistía abierta que se plantea (porque se propone que vaya desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la eventual ley) quizás quiera animar futuras movilizaciones y actos de violencia bajo el discurso –falso, por cierto– de que lo que pase de aquí en adelante va a estar cubierto por la amnistía en trámite, pues su manto protector alcanzaría hasta los hechos que se den el día antes de su publicación (veamos nomás el rosario de delitos que se incluyen en el proyecto para tener claro el asunto). Una suerte de cheque en blanco al portador que se ofrece buscando la captación de ingenuos desorientados, bajo la hipócrita invocación de una pacificación y reconciliación.
