Anthony Laub
Perú21, 11 de noviembre del 2026
«El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía son los primeros llamados a cumplir y hacer cumplir la ley; pero prefieren traficar con ella, como si fueran sus dueños, cuando en realidad solo son sus celadores».
Lo vivido en estas elecciones, presidenciales, regionales y municipales, es un asco. La reciente decisión del JNE de negar las credenciales a los regidores que fueron alcaldes en el periodo anterior es infame, no por lo que dice sino por cuándo lo dice: después de que los electores votaron.
Si la Constitución prohíbe la reelección inmediata, esas candidaturas debieron impedirse antes. El JNE las inscribió, dejó que hicieran campaña y que la gente votara, y recién después decidió que no valían. Eso no es aplicar la Constitución: es atentar contra el derecho a elegir y ser elegido. El árbitro cambió las reglas terminado el partido.
Esto viene desde Salas Arenas y su tristemente célebre pleno de 4 en 2021, cuando el artículo 179 de la Constitución dice que son 5: una norma de quórum, de menor rango, se impuso a la Constitución porque convenía. Aquellas elecciones también quedaron plagadas de cuestionamientos.
Burneo y todo el pleno deben ser removidos y sancionados. Sus decisiones han torcido la voluntad de los electores.
Lo hecho por el JNE es la confirmación de que la Constitución y las leyes son meras recomendaciones; salvo cuando la autoridad quiere cobrarles algo (o pedirles una coima) a los ciudadanos. Allí sí las aplica a rajatabla.
Y este es precisamente el principal problema del país. No lo son la delincuencia, la extorsión, los corruptos o los asesinos. Es la cultura de que la ley es una mercancía de la que se dispone, que se inobserva o se tranza libremente, según sea la situación. ¿Por qué creen que tuvimos que suscribir contratos-ley para atraer inversionistas extranjeros, o abrir espacio para una justicia privada como el arbitraje? Porque ni el propio Estado garantiza que sus reglas se respeten.
El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía son los primeros llamados a cumplir y hacer cumplir la ley; pero prefieren traficar con ella, como si fueran sus dueños, cuando en realidad solo son sus celadores.
El Estado fracasa porque es el principal promotor de la inobservancia de la ley. Desde el policía que permite que se violen las normas más esenciales sin inmutarse, ocupado en su celular en vez de hacer su trabajo, hasta los congresistas que promueven actividades nocivas y criminales como la minería ilegal, que se ampara en ese paraguas de impunidad llamado REINFO.
Las personas solo somos iguales ante la ley. Pero aquí, hasta ese precepto básico es negociable.
