David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
En el Perú hablamos permanentemente de aumentar la inversión privada, elevar la productividad y reducir la informalidad. Sin embargo, prestamos menos atención a una contradicción fundamental:
Mientras esperamos que las empresas inviertan, se formalicen y crezcan, hemos construido un aparato estatal que, en demasiadas ocasiones, termina castigándolas precisamente cuando intentan hacerlo.
La discusión económica suele concentrarse en cuánto se cobra de impuestos o cuánto cuesta contratar trabajadores.
Pero existe otra dimensión igualmente importante: cómo actúa el Estado frente a quienes producen, invierten y generan empleo.
Una reciente encuesta de Ipsos realizada entre enero y febrero de 2026 sobre 1,004 empresas formales y semiformales, presenta resultados preocupantes.
El 45% identifica las fiscalizaciones e inspecciones como procesos problemáticos para desarrollar sus actividades.
Sin embargo, ese porcentaje aumenta del 37% en las microempresas al 53% en las pequeñas y medianas, hasta alcanzar un extraordinario 82% entre las grandes empresas.
Entre las grandes empresas que interactuaron con cada entidad, el 51% considera que SUNAT dificulta el desarrollo de sus negocios, el 60% señala a las municipalidades y el 63% a Sunafil.
Naturalmente, una empresa de mayor tamaño requiere mayor supervisión. Pero una cosa es que aumente la complejidad regulatoria y otra que el crecimiento venga acompañado de obstáculos, falta de predictibilidad y actuaciones sancionadoras.
De hecho, el 49% de las grandes empresas fiscalizadas por SUNAT considera que sus inspectores buscaban más sancionar que orientar. En las municipalidades esa proporción alcanza el 59% y en Sunafil, el 55%.
Parecería que nuestro sistema institucional funciona con una lógica perversa: mientras más crece una empresa, mayores son las fricciones que debe enfrentar para seguir creciendo.
Ipsos también encuentra que el 83% de las empresas considera que los fiscalizadores de SUNAT cambian sus criterios de interpretación con alguna frecuencia. Apenas el 23% considera fácil enterarse oportunamente de los cambios normativos.
En esa línea, un reciente estudio de Ronin 360, añade otra dimensión a partir de la información de las Resoluciones del Tribunal Fiscal; datos que se han procesado mediante el uso de la Inteligencia Artificial.
Se observa que estas apelaciones disminuyeron de 7,711 en 2024 a 4,399 en 2025, una caída del 43%. Simultáneamente, SUNAT alcanzó una tasa de resultados favorables del 75%, la más elevada de la serie analizada.
Podría interpretarse como una mejora administrativa. Sin embargo, el análisis de resoluciones del Tribunal Fiscal entre 2015 y 2025 revela algo sorprendente.
En controversias inferiores a S/10,000, SUNAT obtiene resultados favorables en el 71% de los casos.
Pero cuando el monto supera S/1 millón, su tasa de éxito cae al 38%.
Es decir, en aproximadamente seis de cada diez controversias de mayor cuantía termina prevaleciendo el contribuyente.
Esto no significa que toda fiscalización posteriormente revertida haya sido incorrecta.
Pero sí obliga a preguntarnos por la calidad de las decisiones administrativas y los costos de cuestionarlas.
Una empresa decide apelar considerando el monto involucrado, los honorarios legales, los años de litigio y su probabilidad de ganar. Para una gran empresa, una controversia millonaria puede justificar ese esfuerzo. Para una pequeña, defenderse puede costar más que pagar. Por eso, menos apelaciones no necesariamente significan menos incertidumbre. Pueden reflejar contribuyentes que simplemente consideran demasiado costoso defenderse.
Y si esta data no fuera suficiente, el Banco Mundial también pone sobre la mesa datos extremadamente preocupantes. En su plataforma de seguimiento de los negocios en el mundo, Business Ready (B-Ready), encuentra que en el Perú, una empresa dedica aproximadamente 480 horas anuales a preparar, declarar y pagar impuestos, frente a una mediana de apenas 60 horas entre las economías evaluadas. Ocho veces más. Perú ocupa el puesto 100 de 101 economías en este indicador. La comparación regional tampoco favorece al país: Colombia requiere 144 horas, México 168, Ecuador 192 y Costa Rica apenas 50.
En eficiencia operativa del sistema tributario, Perú obtiene 43.73 puntos sobre 100, frente a una mediana internacional de 67.91, ubicándose en el puesto 86 de 101 economías.
La resolución de controversias tampoco funciona adecuadamente. Revisar un reclamo sobre una auditoría tributaria toma 180 días calendario, el doble de la mediana internacional. Perú ocupa el puesto 75 entre 100 economías.
Y en materia de predictibilidad normativa, apenas obtenemos 5 de 20 puntos en transparencia de cambios tributarios, ocupando el puesto 69 de 101 economías. En publicación de planes tributarios futuros, nuestro puntaje es literalmente cero sobre diez. Cumplir con las obligaciones tributarias en el Perú demanda demasiado tiempo, las reglas son poco predecibles y resolver controversias sigue siendo costoso y lento. No es solamente una percepción empresarial: los indicadores internacionales muestran deficiencias concretas de funcionamiento institucional.
Con todo ello, el costo termina siendo mayor para toda la economía. Ipsos revela que el 74% de las empresas considera que recibe del Estado menos de lo que aporta mediante impuestos y otras obligaciones. Entre las grandes empresas, esa percepción alcanza el 91%. Esta sensación de desequilibrio ayuda a entender las dificultades de la formalización. Formalizarse implica asumir obligaciones tributarias, laborales y administrativas. A cambio, las empresas deberían acceder a mejores servicios, seguridad jurídica, infraestructura y oportunidades de expansión. Pero ¿qué ocurre cuando formalizarse significa enfrentar mayores costos, una administración impredecible y servicios públicos insuficientes?
Los incentivos a formalizarse y aumentar la escala productiva se debilitan. A ello se añade que el 54% de las empresas identifica la delincuencia, la extorsión y la inseguridad como principales obstáculos; el 47% menciona la corrupción de funcionarios y el 45%, la burocracia. Es decir, el Estado no solamente impone costos administrativos elevados. También tiene dificultades para proporcionar bienes públicos fundamentales que justifican la tributación. Esta combinación resulta especialmente perjudicial para una economía que necesita aumentar su productividad y ampliar su base de contribuyentes.
Nada de lo anterior significa que debamos reducir la capacidad de fiscalización. Necesitamos una administración tributaria sólida, profesional y tecnológicamente sofisticada, capaz de combatir la evasión y ampliar la base tributaria. Pero debemos abandonar la idea de que su éxito se mide principalmente por el número de fiscalizaciones, sanciones o controversias ganadas. La verdadera medida debería ser cuánto cumplimiento tributario se consigue, cuánto cuesta alcanzarlo y cuánta incertidumbre innecesaria se evita.
Esto exige publicar criterios interpretativos vinculantes, fortalecer la fiscalización basada en riesgos, simplificar procedimientos, mejorar la interoperabilidad estatal y establecer mecanismos de solución temprana de controversias. También requiere revisar la gobernanza del Tribunal Fiscal. Según Ronin 360, 20 de sus 34 vocales activos en 2026 tienen experiencia sustantiva previa en SUNAT. Esto no demuestra parcialidad, pero sí plantea la necesidad de fortalecer las garantías de independencia, reales y percibidas, de una institución encargada de resolver controversias entre contribuyentes y administración.
La reforma debe trascender a SUNAT. Municipalidades, Sunafil y otras entidades necesitan incorporar indicadores de desempeño relacionados con la calidad del servicio, los tiempos de respuesta, la certeza regulatoria y los costos que imponen sobre la economía. Y es que una institución pública puede cumplir rigurosamente sus procedimientos internos y, simultáneamente, generar resultados socialmente ineficientes.
Durante años hemos discutido cómo conseguir que las empresas contribuyan más al Estado. Quizás ha llegado el momento de plantear también la pregunta inversa: ¿qué está haciendo el Estado para que las empresas puedan producir, invertir, contratar y crecer más?
Si queremos mayor recaudación, necesitamos una economía más productiva y formal. Y para conseguirlo, el Estado debe dejar de comportarse como un obstáculo que las empresas deben superar y comenzar a funcionar como una institución que facilite el desarrollo.
De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que nos cuesta demasiado: exigir cada vez más a quienes producen, mientras hacemos cada vez más difícil que puedan producir más.
Referencias
Banco Mundial. (2025). Business Ready (B-READY) 2025. World Bank. Washington, D. C. Indicadores del tema tributación (Taxation): tiempo de cumplimiento tributario, eficiencia operativa, resolución de controversias y transparencia normativa.
Ronin 360 (2026, octubre). ¿Defenderse o pagar?: el costo de litigar con SUNAT. Informe Ronin.
Ipsos. (2026, marzo). Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento. Informe de resultados. Lima, Perú. Encuesta a 1.004 empresas formales y semiformales, realizada entre el 14 de enero y el 17 de febrero de 2026.
Lampadia
