En el Perú la solución es más compleja
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El exitoso “modelo Bukele” en seguridad va más allá del tema de los penales, por supuesto. Las instituciones encargadas de la lucha fueron reformadas y alineadas y se puso en marcha un plan social para los jóvenes y familiares de los integrantes de las maras.
El director general de la policía de El Salvador le explicó hace un par de años al ex ministro de Justicia peruano Eduardo Arana,[1] que comenzaron por cortar la corrupción en la Policía: tuvieron que sacar a una parte del personal y reemplazarla por agentes nuevos, pagándoles más.
En el Perú es difícil retirar a policías corruptos.
El régimen disciplinario tiende a absolverlos y si son expulsados, el Poder Judicial suele reponerlos.
Esto tiene que resolverse.
La reforma policial, para la cual ya se ha formado voluntad política, plantea reformar la ley de Régimen Disciplinario y la ley de Ascensos de la PNP.
Pero ¿cómo hacer para que el Poder Judicial no reponga?
Además, hay que cerrar esa coladera que son las escuelas de policía. Son demasiadas y de pésima calidad y hay corrupción para el ingreso a ellas: se cobra a los postulantes miles de dólares, facilitando que accedan los hijos de los delincuentes. La reforma policial está planteando reducirlas de 18 a 10 pero nada se dice de los ingresos.
El Salvador tenía además que resolver el mismo problema que en nuestro país: los fiscales y jueces liberaban a los delincuentes que capturaban.
Hubo entonces una fuerte depuración del sistema de justicia, que comenzó el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, ya con mayoría del partido de Bukele, destituyó a los cinco magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general Raúl Melara. La Asamblea tenía competencia constitucional para hacerlo, pero se cuestionó que no se respetara el debido proceso.
Luego el 31 aprobó la reforma de la carrera judicial disponiendo el retiro obligatorio de jueces y fiscales al cumplir 60 años o 30 años de servicio y dando facultades a la Corte Suprema para trasladar y nombrar.
Como consecuencia, se renovó alrededor de un tercio de los jueces y fiscales, lo que facilitó que el gobierno contara con magistrados dispuestos a aplicar su estrategia de seguridad, a costa, sin embargo, de una menor independencia del sistema judicial. El presidente de la Corte Suprema le refirió a Arana cómo fiscales y jueces adoptaron un “compromiso patriótico” para aplicar las nuevas normas -que veremos luego- y cambiar la jurisprudencia a fin de no liberar y sí castigar.
Acá el Fiscal de la Nación, Tomás Galvez, ha solicitado integrarse al Comando Unificado y está claramente comprometido, mientras el Poder Judicial se muestra renuente, aunque debería cuando menos designar jueces íntegros y valientes al subsistema especializado contra la extorsión que se está implementando.
Pero la Fiscalía, a su vez, aun no termina de acordar un protocolo conjunto con la Policía para la investigación preliminar. Habría un 5% de discrepancias que se zanjaría mediante un decreto legislativo. Esa coordinación tiene que ser perfecta si queremos derrotar a la criminalidad.
Pero, además, el Congreso podría aprobar una ley estableciendo un proceso extraordinario de evaluación de integridad de jueces y fiscales, con investigación patrimonial, detección de vínculos criminales, procedimientos disciplinarios expeditivos y garantías de defensa, a cargo de la Junta Nacional de Justicia, apoyada por una unidad técnica especializada y con participación de la Contraloría, la UIF y otros organismos de investigación patrimonial.
Ahora bien, en El Salvador para facilitar las condenas hubo que cambiar las normas. El Congreso salvadoreño, luego de dos años, le dio facultades al Ejecutivo para ello. El código procesal era muy garantista.
Se estableció el delito de pertenencia a una banda criminal -tipificada como terrorista-, que lleva 40 años de cárcel.
Eso facilitó la tarea porque era muy fácil identificar a los miembros de las maras e incluso a sus cabecillas por los tatuajes que llevaban, que incluso registran los asesinatos que han cometido.
Así fue como en El Salvador se pudo detener y procesar a alrededor de 85 mil mareros, una cantidad enorme, en muy poco tiempo.
En el Perú los extorsionadores no llevan tatuajes de ese tipo. Hay que probar la autoría de la extorsión. Se requiere más tecnología, más laboratorios, más coordinación con empresas telefónicas, Osiptel y UIF. Es más complejo. Incluso darle a UIF facultades de investigación penal para intervenir y congelar los activos de las empresas formales de fachada de las organizaciones en las que lavan el producto de las extorsiones y que actúan en el mercado formal. Esto a fin de cortarles el brazo financiero. Es clave.
Pero ante la cantidad de detenidos en El Salvador apareció el problema de qué hacer con los hijos o familiares de estos delincuentes que quedaban en el abandono.
La ministra de Economía le informó a Arana que solicitaron al Banco Mundial un préstamo por 150 Millones de dólares entre otras cosas para un programa de prevención para estos y otros jóvenes en situación de alto riesgo, programa que les provee desayunos y almuerzos, educación, actividades diversas, etc. y permite romper el círculo perverso de la criminalidad.
Acá habría que potenciar programas similares para prevenir el ingreso de los jóvenes a la delincuencia. Pero, además, en la medida en más allá de las organizaciones criminales hay una extorsión muy difundida, atomizada -los raqueteros se han vuelto extorsionadores- se requiere construir alianzas con las organizaciones de comerciantes, transportistas, etc., y activar los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana para crear una red articulada de instituciones, organizaciones, juntas vecinales, etc., en el territorio que asfixie las extorsiones. Un exosistema antiextorsión.
Tenemos que dar nuestras propias respuestas.
Lampadia
[1] Ver: https://www.lampadia.com/analisis/gobernanza/la-carcel-inteligente-de-el-salvador/
