Juan Manuel Benites
Perú21, 28 de octubre del 2026
«Una organización indígena puede cerrar un contrato en una rueda de negocios y quedarse sin capital de trabajo para cumplirlo».
En la ExpoAmazónica de Pucallpa volví a escuchar la advertencia de siempre. Debemos evitar el “modelo agroindustrial extractivista y neocolonial”. La frase se pronunció a poca distancia de Neshuya y Campo Verde, donde miles de familias siembran palma en tierras que muchas veces fueron pasturas abandonadas. Habría que preguntarles a ellas qué están extrayendo.
El término extractivismo nació para describir economías que sacan oro, petróleo o madera y se los llevan sin transformar nada. Extraer es tomar el recurso sin reponerlo. Una plantación que recupera un suelo degradado, captura carbono y entrega su fruto a una planta extractora local hace exactamente lo inverso. Hoy el país tiene más de 120 mil hectáreas de palma y más del 70% está en manos de pequeños y medianos productores organizados en cooperativas y asociaciones. La empresa ancla les asegura compra, asistencia técnica y un precio de referencia, y la planta extractora lleva consigo caminos, energía y empleo formal a zonas donde el Estado tarda en llegar. Eso se parece bastante más a desarrollo rural que a saqueo colonial.
Cuando un cooperante o un banco leen extractivismo, se retiran precisamente de las zonas donde más se los necesita, y la cooperativa pierde financiamiento, compradores y reputación por una etiqueta que nadie verificó.
Ese mismo productor rara vez vive de un solo cultivo. En la Expo Indígena vicacao, café, camucamu, aceite de ungurahui y paiche junto a la palma. La combinación tiene lógica financiera. La palma paga cada quincena, el cacao paga por campaña y los frutales cubren los meses flojos. Cuando una plaga o una caída de precios golpea un producto, los otros sostienen a la familia. Es diversificación de cartera aplicada a la chacra, y la industria tractora le da a esa cartera una base estable.
El cuello de botella está en el financiamiento. Una organización indígena puede cerrar un contrato en una rueda de negocios y quedarse sin capital de trabajo para cumplirlo. La banca rechaza la tierra comunal como garantía, y los programas existentes prestan por cultivo y por campaña, cuando la finca funciona como un conjunto. Un crédito que reconozca esa mezcla de ingresos es también un crédito con menos riesgo para quien presta.
En el Perú tenemos piezas sueltas. Las ÚNICAS (entidades de ahorro cooperativo) prueban que en las comunidades se ahorra y se presta con disciplina. AgroPerú tiene mandato para el pequeño productor. Propongo unirlas con una ventanilla que acepte contratos de compra con empresas ancla y garantías colectivas en lugar de hipotecas, y que evalúe la finca completa y su mezcla de ingresos. A eso se suma un fideicomiso indígena, con gerencia técnica y auditoría externa, que reúna los aportes de la cooperación, los pagos por conservación de las empresas y las transferencias del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Con ese flujo comprometido como respaldo, puede levantar financiamiento en el mercado, como lo hace en países como Canadá.
La Amazonía peruana tiene más de 11 millones de hectáreas deforestadas. Recuperar en ellas un paisaje productivo y sostenible es una tarea en la que caben todos, el conservacionista, la cooperativa indígena, la empresa ancla y el Estado. Pero, hay que dejar de lado los prejuicios y las etiquetas.
