Si hay un consenso que recorre el país es el de que tenemos que modernizar y profesionalizar el Estado para que sea eficiente, obtenga resultados y mejore sustancialmente los servicios básicos públicos para reducir la desigualdad y nivelar las oportunidades en nuestro país.
Pero hay un grupo que se opone: la CGTP. Experta en bloqueos y marchas, ha lanzado una huelga contra el proyecto de ley de servicio civil, una reforma cuyos beneficiarios más importantes serán no solo los trabajadores estatales, sino los ciudadanos y, entre ellos, sobre todo los más pobres. Pero claro, estos últimos no están organizados ni tienen idea de cómo esa ley podría beneficiarlos. Quienes sí están organizados son los que ven en la introducción de la meritocracia en el Estado una amenaza. La sola resistencia al proyecto de ley es una autoinculpación: el reconocimiento público de que en realidad no están trabajando eficientemente y por lo tanto no quieren una línea de carrera basada en la evaluación del rendimiento.
Pero ese no puede ser el caso de la mayor parte de los empleados públicos. No podemos creer que todos tengan la estructura moral del comechado. Esa es una minoría cínica que sigue viendo al Estado como una mamadera patronal a la que hay que succionar como se pueda. Es indignante.
El país y sobre todo las clases populares necesitan un Estado que funcione, que brinde servicios eficientes, que sea capaz de ejecutar obras y resolver problemas.
Y para eso se necesita empleados productivos, verdaderos servidores del ciudadano, que puedan ascender en la carrera pública y ganar bastante más de lo que perciben ahora en la medida en que trabajen bien y produzcan resultados. Esa es la idea. En la actualidad, según una investigación de Miguel Jaramillo de Grade, el personal con educación universitaria completa gana apenas entre 15% y 20% más que aquel con solo educación primaria. Así, los trabajadores poco calificados –choferes, porteros, auxiliares– ganan bastante más que sus pares del sector privado, mientras que los empleados más calificados ganan bastante menos que sus homólogos de las empresas privadas. El resultado es la desmotivación y el drenaje de talento y, por lo tanto, el debilitamiento del Estado.
Se trata de corregir esa situación restableciendo una carrera que permita pagar bien a los niveles medios y superiores, siempre y cuando rindan. ¿Prefieren acaso seguir ganando una miseria a cambio de trabajar al mínimo? No es digno. Y se trata también de terminar con la informalidad que hay en el propio sector público, donde, en promedio, el 57% de la remuneración del empleado público no es pensionable ni otorga beneficios sociales. Se trata de regularizar esto, para beneficio de los propios trabajadores, y con un costo muy alto para el erario público. ¿A eso también se oponen?
El Perú crece, pero no tiene institucionalidad. La aprobación de este proyecto de ley sería un paso trascendental en la institucionalización de un Estado moderno y profesional capaz de igualar las oportunidades con servicios eficientes para los más pobres. Es lo que nos falta. ¿Cómo puede alguien con la mirada limpia oponerse a eso?
