Por: Eduardo Morón
Gestión, 5 de mayo del 2022
Si el estado quisiera dar carácter universal a la seguridad social tendría que asumir el financiamiento de un piso básico.
La foto de nuestro mercado laboral ofrece una triste realidad: 3 de cada 4 trabajadores no tienen acceso al paquete de seguridad social que ofrece un contrato formal de trabajo. En este paquete se incluyen coberturas frente a cinco riesgos principales que podrían impedir que el trabajador pueda traer ingresos a su familia. Esos riesgos son: invalidez, fallecimiento, vejez, enfermedad y desempleo.
Un trabajador formal o su familia accede vía AFP/ONP a una pensión en vejez, o una pensión de sobrevivencia si es que el titular fallece. Asimismo, a través de sus contribuciones a AFP/ONP, si el trabajador termina padeciendo una invalidez permanente recibirá una pensión. Además, la legislación establece que todos los trabajadores deben contar con un seguro de vida de carácter indemnizatorio, el Vida Ley, que en caso de fallecimiento otorga a la familia un monto de dinero que les permite reacomodarse en ese momento tan duro.
Además, todos los trabajadores formales cuentan mínimamente con un plan de salud vía Essalud y opcionalmente pueden acceder a una mejor atención (según resultados de las encuestas de calidad de servicio) en clínicas privadas vía un plan de EPS. Finalmente, para las situaciones de desempleo temporal, los trabajadores acumulan en sus cuentas CTS fondos que deberían (si no los retiraran) servir para paliar esas circunstancias.
Pero la vida es diametralmente opuesta fuera de la formalidad. Si un trabajador informal se invalida y no puede trabajar, no generará ingresos. Si fallece nadie le da nada a su familia, ni indemnización ni pensión. Si se enferma accede al SIS, pero gastará de su bolsillo una buena cantidad de dinero porque muchas veces no habrá citas médicas para que lo atiendan o no le darán gratuitamente los medicamentos que aparecen en su receta. Llegada la edad de retiro, es poco probable que este trabajador informal cuente con un fondo previsional que le otorgue una pensión. Y claro, si queda desempleado, no le quedará de otra que buscar otro trabajo para seguir subsistiendo.
Frente a esta situación, a nuestras autoridades se les ocurren iniciativas de todo tipo. Las que ofrecen más protección a los que ya la tienen e ignoran a la mayoría de los trabajadores que casi no tienen nada, como por ejemplo la propuesta del nuevo Código de Trabajo que inclusive castigará a algunos de los trabajadores protegidos y los mandará al mercado informal a bailar con su propio pañuelo.
También están las propuestas que señalan que lo mejor sería que toda la protección social sea opcional. Es decir, que no exista obligatoriedad de aportar para financiar tu vejez, o para atender tu salud, o para cubrir el riesgo de invalidez o cualquier otro de los que nombré al inicio.
Los fundamentos detrás de estas ideas son incompatibles con la lógica de la protección social, la cual apunta a ser universal, pero con un beneficio limitado. Así, por ejemplo, si el Estado va a aportar en nombre del trabajador informal, no puede ofrecer un plan de beneficios ilimitado porque los recursos fiscales no le alcanzarían. Además, si un trabajador puede recibir gratis del Estado el mismo beneficio por el que hoy paga, obviamente elegirá recibirlo gratis. Por tanto, si el Estado quiere otorgar una pensión a un trabajador informal esta debería ser sustancialmente menor a la que podría obtener alguien que sacrifica parte de su remuneración para construir una pensión. Pero no tendría sentido que el Estado otorgue pensión (aunque sea solo un complemento) a quien puede autofinanciar la misma permitiendo que el aporte se convierta en voluntario para los formales.
De otro lado, si la propuesta fuera hacer voluntaria la protección social, se produciría una selección natural donde los de mayor edad y más enfermos serían los que en mayor proporción se inscribirían, mientras que los más jóvenes y sanos no lo harían. Esto rompe con el principio de mutualidad que es la base de la seguridad social (y de cualquier seguro), y es lo que permite financiar de manera solidaria los grandes gastos de unos pocos con los pequeños aportes de todos. Si solo los más propensos a utilizar el beneficio son los que se enrolan, entonces se hará prohibitivamente caro, haciendo prácticamente imposible pagar los beneficios.
Existe, pues, una brecha muy amplia en los beneficios entre formalidad e informalidad. Como la informalidad no va a desaparecer de la noche a la mañana necesitamos un plan que la incluya dentro de la protección social limitada. Si el Estado quisiera dar carácter universal a la seguridad social tendría que asumir el financiamiento de un piso básico y hacer que las contribuciones de los trabajadores formales sirvan como financiamiento para planes complementarios. Por ejemplo, en salud, el Estado cubriría el PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud) financiado por impuestos, y los aportes que hagan los trabajadores sobre su remuneración servirían para pagar los planes adicionales. En el caso de las pensiones, el Estado debiera hacerse cargo de una pensión básica y las contribuciones individuales de los trabajadores formales alimentarían fondos para pensiones complementarias más altas. La misma lógica se puede aplicar al resto del paquete de protección social, siempre respetando un piso básico que solo con mayor crecimiento podría ir subiendo progresivamente.
De esta manera se respetaría el principio de solidaridad que tienen los esquemas de protección social porque las prestaciones universales se financian con los impuestos generales, pero se mantendría la sostenibilidad de estos al hacerlos limitados. Por otro lado, se respetarían los beneficios adquiridos de los trabajadores formales y no se desincentiva la creación de empleo formal. Con este esquema nadie estará peor que antes y se entenderá el valor de pagar impuestos porque contribuye a dar un piso mínimo de protección a todos los ciudadanos y que solo en la medida que la política económica en general promueva el crecimiento de las empresas formales, una gran mayoría de peruanos solo podrá acceder al paquete básico de protección universal.
