Iván Arenas
El Comercio, 22 de setiembre del 2026
“Hay que retirar la formalización de las garras de la ideologización política y entregarla a las instituciones especializadas”.
Es probable que este período de tiempo aparezca en los libros de historia en los próximos decenios. Los historiadores del futuro posiblemente lo denominarán como la “era del cobre” o la “era de los minerales”; semejante a la “era del guano”, que es como la historiografía llama a ese período que va desde 1840 hasta 1876 aproximadamente. Basadre diría que hubo una “prosperidad falaz”. Importante quedarnos con ese término.
El Perú no puede tener otra “prosperidad falaz”, esta vez en la “era de los minerales”, necesarios hoy más que nunca para la transición energética y la cuarta revolución industrial.
Ahora observen este dato último publicado por el Instituto Peruano de Economía: el valor de la producción/exportación del oro ilegal/informal superará en el 2026 al oro legal/formal y llegará a pasar los US$16.000 millones. El número, sin embargo, se queda corto porque allí se deberá añadir el oro que no es registrado por Aduanas ni Sunat y el valor del cobre ilegal/informal que transita por la nueva ruta del corredor minero del sur (¡y el carbón en el norte!). Nadie se atreve a dar una cifra exacta. Miren este otro dato para comprender la dimensión de la minería ilegal/informal: el Perú en el 2026 proyecta una producción/exportación minera por un valor de más de US$100.000 millones; y la ilegal/informal (cobre, oro o carbón) sería más o menos US$20.000 millones, casi un quinto.
Para evitar una “prosperidad falaz”, el país requiere un pacto de Estado, un gran pacto político por la minería moderna, formal y legal, que hoy representa la gran oportunidad para pasar del crecimiento al desarrollo. Este acuerdo deberá tener en cuenta varios temas, entre ellos el combate total a la minería ilegal y su infiltración en la política y la economía. Un sociólogo diría que si uno se fija bien la explosión de la minería ilegal/informal ha organizado un Estado paralelo, con sus normas y procedimientos. Por tanto, habría ya dos tipos de “contrato social”, dos tipos de consensos “legítimos” y por ende dos tipos de “soberanías territoriales”: legal e ilegal/informal. Ahora, en este mismo momento, hay zonas –el Nanay, Caravelí– “impasables”. Visto así, la minería ilegal/informal amenaza la continuidad del proyecto soberano del Estado y de la república.
El otro gran tema es la minería informal y su continuo fracaso formalizador. Guillermo Shinno, el actual titular de Energía y Minas, sostuvo que “no se le puede pedir al minero artesanal lo mismo que a la gran minería”, en relación con los trámites documentarios y los instrumentos de gestión ambiental (Igafom). Tiene absoluta razón; no obstante, habría que clarificar cuántos de los más de 31.000 inscritos en el Reinfo son artesanales (por valor de producción) y cuántos son verdaderos “feudos”. Añada usted que el instrumento de gestión ambiental es una declaración jurada (con 12 requisitos), hecho así para “simplificar más” el proceso de formalización, documento que se basa en el principio legal de “presunción de veracidad”, graciosa forma para que los gobiernos anteriores se hayan desentendido y no se fiscalice de manera oportuna. ¿Vamos a reducir más los requisitos que pide una declaración jurada (Igafom) para un minero del Reinfo sin saber si es o no artesanal? ¿No deberíamos conversar primero de una depuración?
Una mirada más amplia nos lleva a concluir que el fracaso de la formalización se debe a que su diseño y ejecución depende de los políticos y no de los especialistas. Hay que retirar la formalización de las garras de la ideologización política y entregarla a las instituciones especializadas.
El otro gran tema son los trámites y, sobre todo, los tiempos. El Estado –en general– tiene una lectura esquizoide de la minería: mientras a una operación de la gran minería se le agobia de requisitos para cambiar un pequeño componente; a los “artesanales” que inundan el Nanay de mercurio se les pide una declaración jurada.
He explicado parte de solo tres temas de un acuerdo nacional. Ahora Nación, el PBG y Obras, junto con Renovación Popular, deben ser parte de este acuerdo para no tener otra “prosperidad falaz” o que las economías ilegales tomen el control.
