Jaime de Althaus
El Comercio, 12 de setiembre del 2026
“El gobierno tiene que profundizar su vocación reformista, expresarla y explicar. No se puede desregular profundamente y al mismo tiempo aumentar la intervención estatal de diversas maneras”.
La conducta de las comisiones de la Cámara de Diputados que han desaprobado otorgar facultades es obstruccionista, porque siempre los Congresos han otorgado facultades cuando los gobiernos las han pedido. Incluso cuando Fuerza Popular era oposición mayoritaria. A PPK le dieron el 92% de las facultades que pidió, y en materias como reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú. Y a Martín Vizcarra le aprobaron facultades para 50 de los 55 puntos que solicitó, un 93%. Y en materias aún más estructurales –no urgentes– que las que está pidiendo el gobierno actual: tributaria-financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas, integridad y anticorrupción, protección de personas vulnerables y modernización del Estado.
De modo que no valen los argumentos de que solo se puede dar para lo urgente ni que se le está devolviendo a Fuerza Popular su propia medicina. El gobierno tiene que jugar con la opinión pública en esta batalla, y para eso debe explicar por qué son necesarias esas facultades. La mejor dotada para eso es la propia presidenta, que ayer empezó a hacerlo en larga y buena entrevista en RPP. Pero debería seguir haciéndolo para que la opinión pública entienda las reformas que se necesitan y respalde el pedido.
Por lo demás, las reformas políticamente más sensibles lamentablemente fueron retiradas del pedido de facultades. Menor razón aún para oponerse. Más bien, la oposición debería exigir que se reincorporen: se necesita financiar las urgencias (El Niño, tecnología y equipos para la Policía, cárceles, formalización de mineros informales antes del 31 de diciembre, etc.), pero para eso se requiere reducir gasto improductivo, redundante e inútil en el Estado, lo que de paso serviría para mejorar los servicios públicos. Debería darse facultades para eso, aunque no hayan sido solicitadas.
En esa línea, no deberían darse para muchos de esos 35 puntos que más bien expanden el gasto y la intervención del Estado en subsidios y promoción sectorial de las mypes, empleo juvenil, ecosistemas de emprendimiento, programas de empleo, bono familiar habitacional, agricultura familiar, etc, y en mayor regulación o fiscalización (del uso de armas, por ejemplo).
La mejor promoción de las mypes es una desregulación profunda para que puedan crecer sin trabas y acceder al crédito y a la sociedad anónima. En ese sentido, el paquete sí contiene más de 30 facultades para desregular, simplificar trámites, reducir barreras, digitalizar y mejorar el análisis de impacto regulatorio. Si eso se hace de manera efectiva, mejorarán los servicios públicos, aumentará la inversión privada, el gasto muerto del Estado se reduciría como una consecuencia natural y habrá más dinero para lo esencial. Esas son las facultades que deben aprobarse. Aunque harían falta aún las reformas de la legislación laboral, para incluir a los informales, que son los grandes excluidos de esta sociedad.
El gobierno tiene que profundizar su vocación reformista, expresarla y explicar. No se puede desregular profundamente y al mismo tiempo aumentar la intervención estatal de diversas maneras, y menos cuando no hay recursos para lo prioritario. No se puede ser liberal y semiintervencionista a la vez.
