“El gobierno quiere desregular, pero también aumentar gasto en subsidios y promoción”
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay un problema con el financiamiento de las prioridades del gobierno.
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Tiene que ver con las obligaciones de gasto heredadas, tales como la subida incontinente del gasto corriente originada en leyes del Congreso pasado, la pensión viva a los maestros, pensiones a militares y policías que no fueron presupuestadas, los pagos para la compra de los F16, etc.
Frente a eso tenemos gastos urgentes y absolutamente prioritarios para prevenir y luego reconstruir los estragos que ocasione el fenómeno de El Niño.
Y lo relativo a la seguridad: compra de tecnologías y equipo, construcción y adecuación de cárceles, formalización de mineros informales, unidades de flagrancia, etc. El país se juega el futuro en el combate a la criminalidad.
Fuera de prioridades señaladas por la presidenta como la construcción y reparación de colegios a nivel nacional, carreteras, etc.
El tema es que no se podrá financiar todo ello sin una reestructuración profunda del presupuesto nacional para eliminar o postergar gastos no prioritarios.
De hecho, el ministro de Economía ya recortó 2 mil millones de soles de gastos de inversión de los ministerios y gobiernos subnacionales para financiar los presupuestos de preparación para El Niño. Pero, por ejemplo, ¿de dónde va a salir el dinero para todos los gastos vinculados a seguridad y las otras urgencias que hemos mencionado? Según el ministro del Interior Cesar Astudillo se requiere un gasto inicial inmediato de 500 millones de soles, y una cantidad mucho mayor luego. En el presupuesto para el próximo año, a diferencia de lo que dicen muchos, sí hay un incremento en el sector Interior, de 463 millones de soles, pero eso es claramente insuficiente, pues mucho de ello va a remuneraciones y pensiones.
Por supuesto, hay esperanza en que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales las dos leyes demandadas por el Colegio de Economistas, que irrogan mucho gasto. Pero a estas alturas ya se debió haber identificado las oficinas, programas, proyectos, personal y gastos redundantes o inútiles en los ministerios y organismos públicos, para proceder a fusionarlos o eliminarlos.
Parece que el gobierno no tiene esa voluntad política. Esa disposición estaba en el borrador del pedido de facultades que se filtró, pero fue retirada del que finalmente se aprobó, aunque el pedido para “reestructurar” el Estado podría -ojalá- contenerlo.
En cambio, el ministro de Economía ha creado una “Comisión Presidencial” presidida por Manuel Estela -el fundador de la SUNAT- para ver la manera de reducir la evasión tributaria que llega al 10% del PBI.
Eso está muy bien, pero a nuestro juicio no se debe ser más riguroso en la recaudación si al mismo tiempo no se reforma el Estado para que el gasto sea solo el indispensable y sea eficiente.
Los ministerios están cargados de gente que no ingresó por merito sino por amistades políticas y con CAS a los que se les dio estabilidad laboral absoluta sin obligación alguna. No se puede trabajar así. Eso hay que resolverlo.
Si revisamos el pedido de facultades y la exposición de motivos enviados al Congreso, vemos que casi un tercio de las 66 facultades pedidas se refieren a todo lo que tiene que ver con desregular, simplificar trámites, reducir barreras, digitalizar y análisis de impacto regulatorio, lo que está muy bien. Si eso se hace de manera efectiva, el gasto del Estado se reduciría como una consecuencia natural.
Para la desregulación sí parece haber voluntad política clara pues, además, es una función que aparece claramente en la Secretaría Estratégica Presidencial recientemente creada.
Pero luego hay algo más de 20 puntos de las facultades que entrañan en realidad mayor regulación, fiscalización, registros o capacidad administrativa, tales como el fortalecimiento de Sunafil, aunque para funciones más preventivas (en lugar de abaratar la formalidad laboral), control de armas, de telecomunicaciones, entre otras. Y hay alrededor de 15 que suponen más gasto en subsidios, servicios o promoción sectorial de las mypes, empleo juvenil, ecosistemas de emprendimiento, viviendas para damnificados, bono familiar habitacional, agricultura familiar, etc.
El caso más notorio es el agrario, donde se pide facultades para seguros, garantías, asistencia técnica, compras públicas, mecanización, adquisición y adjudicación de maquinaria y equipos a favor de agricultores y organizaciones, entre otras cosas. Cuando la verdad es que mucho más barato y efectivo seria traer algún fondo que financie a ONGs o empresas privadas que den asistencia técnica y difundan tecnologías como las de Sierra Productiva, por ejemplo.
En realidad, la mejor forma de promover la pequeña empresa de cualquier sector es la desregulación profunda para hacer posible la formalización y el acceso al crédito y a la sociedad anónima.
El gobierno tiene que decidir si va a optar por la libertad económica o por mayor intervencionismo.
Lampadia
