Fernando Rospigliosi
Expreso, 8 de setiembre del 2026
Contraviniendo la ley y la Constitución, el alcalde de Lima insiste en crear una policía paralela a la Policía Nacional, idea que, de concretarse, llevaría al país a una situación caótica y de mucha más violencia de la que ya tenemos.
Pero aquí parece que los caprichos y los deseos de notoriedad de un funcionario pueden más que la legalidad y el sentido común.
El subterfugio utilizado ha sido crear una empresa de seguridad de la municipalidad (Emape) con armas de fuego.
Como es obvio, si el municipio de Lima tiene derecho a constituir su propia policía armada, todos los otros gobiernos locales y regionales podrán exigir lo mismo, y lo conseguirán.
Las policías locales existen en los países que tienen un sistema político federal, como EE. UU. o México, o de autonomías, como España. No en repúblicas unitarias como Perú, Chile o Colombia.
El asunto que realmente importa es: ¿a quién se parece el Perú, a EE. UU. y España o a México?
La respuesta es obvia. Y lo que ha ocurrido en México es que muchas de esas policías locales están capturadas y al servicio del narcotráfico y el crimen organizado. Así, las fuerzas del orden tienen que enfrentarse no solo a los grupos armados de los delincuentes, sino a las policías locales.
Ahora no es tan difícil conseguir las referencias precisas; la IA ayuda en pocos segundos: “La cooptación de cuerpos de seguridad locales por parte del crimen organizado en México ha derivado en hechos donde las policías municipales actúan directamente como el brazo armado de los cárteles”. (Gemini)
“El control de corporaciones policiales municipales por parte de grupos criminales es un fenómeno documentado de forma reiterada en México. Esto ha derivado en casos en los que agentes no solo omiten actuar, sino que participan activamente en delitos. (…) Las consecuencias son pérdida de confianza ciudadana, impunidad y que la primera línea de seguridad se convierta en parte del problema en lugar de la solución”. (Grok)
Aquí hay centenares de casos de alcaldes y gobernadores regionales investigados y sancionados por diversos delitos. Y son más los que están claramente identificados con el narcotráfico y la minería ilegal, con el ridículo pretexto de la coca y el oro “ancestrales”.
Adicionalmente, hay que considerar lo que ocurriría cuando grupos violentistas bloqueen carreteras, ataquen aeropuertos y provoquen disturbios y estén respaldados por alcaldes y gobernadores que tienen a su disposición grupos armados.
En suma, por donde se le mire, una necedad intolerable que debe ser corregida de inmediato.
En una comunicación al Ministerio del Interior (N.º 016-2026-FMRC/SR, del 3/9/26), he fundamentado detalladamente todas las ilegalidades de la resolución de Sucamec que autoriza a Emape a usar armas de fuego.
Los funcionarios que se prestaron a esa maniobra deberían ser destituidos y sancionados inmediatamente. Y, por supuesto, esa ilegal resolución de Sucamec tiene que ser derogada.
