Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ya estamos apreciando algunos elementos de la estrategia contra el crimen y la inseguridad que aplica el nuevo gobierno.
Ya está en funcionamiento el “Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado, integrado por la Presidenta de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), los Ministros del Interior, Defensa y Justicia, Jefe del INPE, FF.AA., PNP y organismos de inteligencia”, establecido en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular (p.18).
Ese comando se ha reunido por lo menos tres veces: una con el Fiscal de la Nación, Tomás Galvez, una segunda con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y una tercera también con los jefes de inteligencia de todas las armas y la DINI, vía el Consejo de Inteligencia Nacional, a fin de centralizar la inteligencia en la DINI.
Esta instancia es clave para asegurar una acción coordinada y eficaz del Estado contra la criminalidad, que es el déficit principal que hemos tenido.
Por ejemplo, en la reunión con el Fiscal de la Nación quedaron en evidencia dos discrepancias complicadas entre instituciones: el Ministerio Público pretende que se le devuelva la titularidad de la investigación preliminar, y no cree ni quiere participar en las unidades de flagrancia, ambas posiciones francamente insólitas. Porque la ley cuestionada fue validada por el Tribunal Constitucional, y es clara en el sentido de que el ministerio publico conduce jurídicamente la investigación. Y las unidades de flagrancia sentencian en un máximo de 72 horas en lugar de los años que toma un proceso regular.
Pues bien, el Comando Unificado decidió encargar al ministro de Justicia conducir una mesa de trabajo con la fiscalía y la Policía para definir bien los protocolos para la investigación preliminar, y otra mesa con el Poder Judicial y la Fiscalía para que se pongan de acuerdo en los juzgados de flagrancia.
Entonces el gobierno está empezando a articular las instituciones responsables, con la finalidad de procesar y no soltar a los delincuentes, y acabar con la impunidad. Eso debería llevar a definir un número de fiscales y jueces realmente comprometidos con esta lucha.
Va quedando claro también cual es el rol de las Fuerzas Armadas.
Participan junto con 4 mil policías y drones en el llamado “Plan Escudo” para custodiar los patios de maniobra y rutas de las empresas de transporte.
También en rastrillajes que se harán luego de tener información de inteligencia: se cierra un perímetro y se revisa casa por casa.
Ya se hizo uno piloto en Pachacamac con éxito. 12 manzanas fueron rodeadas y se ubicó un bunker de venezolanos con armamento.
También darán seguridad externa en los penales, controlando las antenas y que no ingresen equipos telefónicos. No asumirán la dirección de los penales.
Y tendrán el control de estados de emergencia en zonas de minería ilegal o narcotráfico como en Pataz, Putumayo y el VRAEM.
El ministro del Interior Cesar Astudillo tiene claro que, para combatir las extorsiones, que son el principal flagelo, hay que potenciar la inteligencia y la relación con los afectados.
Ver la entrevista en Lampadia:
Se reforzará la inteligencia operativa en el terreno para capturar a los sicarios, pero para identificar a los extorsionadores mismos se requiere más información y tecnología. El ministro y funcionarios se han reunido ya con bodegueros, mototaxistas y transportistas para intercambiar información y persuadirles de que denuncien asegurándoles que las denuncias son protegidas y confidenciales. La información acerca de los celulares extorsionadores y de las cuentas donde se deposita es clave para desmantelar las organizaciones criminales.
Pero la adquisición de tecnología es prioridad. El ministro nos informó que está en camino un Decreto de Urgencia para adquirir tecnologías por 500 millones de soles en una primera fase.
Tecnologías como el Pegasus para la interceptación de WhatsApp, equipos de geolocalización y otras. Hay negociaciones con Israel para ese fin. Se está gestionando con Meta para que instale una oficina en el Perú, a fin de facilitar la geolocalización e identificación de celulares extorsionadores. Además, se pretende darles funciones de investigación a la UIF y a la Sunat para intervenir las empresas de fachada del crimen organizado a fin de cortarles el brazo financiero.
Debe aprovecharse la relación con Estados Unidos y la próxima incorporación al “Escudo de las Américas” para solicitar tecnología e información.
De hecho, ya se ha formado el “Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional” (EESCCOT) dentro de la unidad GRECO, con asistencia del FBI, equipamiento nuevo y personal seleccionado con polígrafo. Ya capturó a un sujeto del Tren de Aragua señalado por la inteligencia norteamericana.
Por supuesto, hace falta reformar y fortalecer la policía, y cortar la corrupción.
El ministro pone énfasis en establecer una carrera meritocrática con ascensos basados en evaluaciones de desempeño. Falta trabajar una política clara de depuración, liderazgo, reforma de las escuelas de la policía, entre otros temas.
Estaremos atentos.
Lampadia
