Jaime de Althaus
El Comercio, 15 de agosto del 2026
“El problema de Juntos por el Perú es que no comparte consensos mínimos con la mayor parte de las otras fuerzas parlamentarias”.
Me pregunto si Jorge Nieto y los diputados del Partido del Buen Gobierno no tienen vergüenza de haber profundizado su alianza con Juntos por el Perú, el partido que cuenta con seis congresistas vinculados al Movadef, con el que anunció que nunca se juntaría. Ahora camina de la mano con los neosenderistas y con dirigentes cocaleros como el abusador Julián Pérez Mallqui (alias ‘Cheldo’).
Si el argumento era que había que controlar la supuesta deriva autoritaria del gobierno de Keiko Fujimori, es claro que el remedio es peor que la presunta enfermedad: le entregaron las estratégicas comisiones de Constitución y Justicia nada menos a un partido que no solo desconoció los resultados electorales –acto esencial de una democracia–, que tiene a congresistas que siguen creyendo en el ‘pensamiento Gonzalo’ –algunos de los cuales planificaron y organizaron las movilizaciones del sur que terminaron en decenas de muertos–, sino que sigue planteando una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución, cuando sabemos hasta la saciedad que las asambleas constituyentes en los países bolivarianos han sido instrumentos para perpetuarse en el poder y suprimir controles institucionales, someter a la justicia y a todos los poderes. Eso fue lo que pretendió, de manera sumamente torpe, el propio Pedro Castillo, líder anímico de este movimiento.
Y ahora, gracias al Buen Gobierno, tiene la Comisión de Constitución para plantearla. Nieto tendría que comenzar por responder cómo piensa “recuperar” la democracia y el equilibrio de poderes con esa clase de amigos e ideas. Y cómo piensa recuperar qué justicia: ¿la que criminalizó la política llevando a la cárcel a líderes políticos por hechos que no eran delito y que convirtió a partidos políticos en organizaciones criminales, algo inconcebible en una democracia?
No es de extrañar entonces que quieran derogar las leyes mal llamadas “procrimen” que se dieron para evitar que se pudiera volver a cometer esos y otros abusos judiciales, en lugar de modificar la legislación sobre el lavado de activos que ha construido una fábrica de injusticias propia de un país bárbaro. Pero no harán esto último porque les parecerá “procrimen” hacerlo. Tampoco es de extrañar que Juntos por el Perú sea el más interesado en mantener la única ley verdaderamente procrimen que es la que prorroga el Reinfo que da protección penal a la minería ilegal.
Seguramente tampoco querrán aprobar las facultades legislativas para reconstruir el Estado y la libertad económica, pese a que el 80% lo pide, según Ipsos. El problema de Juntos por el Perú es que no comparte consensos mínimos con la mayor parte de las otras fuerzas parlamentarias. No comparte el modelo económico basado en una economía social de mercado, como postula la Constitución, pese a que es el único modelo que asegura crecimiento y derrota de la pobreza, y tampoco comparte la idea de una democracia liberal tal como está también en la Constitución.
Pero Buen Gobierno se siente más afín a ese grupo que a Fuerza Popular. Va revelando su verdadera naturaleza. Su plan de gobierno era falaz. Allí no están sus verdaderas ideas. Su actuación política habla más claro.
