Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 5 de agosto del 2026
“Después de cada desastre solemos preguntarnos por qué no se hicieron las obras a tiempo o por qué los recursos no se utilizaron adecuadamente. Esta vez conocemos el riesgo con anticipación”.
Ante la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño (FEN), el Gobierno ha anunciado acciones de prevención en Piura, una de las regiones más vulnerables a las inundaciones y desbordes de ríos. Se ha señalado que se coordinará con las autoridades competentes, se recurrirá a las Fuerzas Armadas y se buscará apoyo internacional para disponer de motobombas, carpas, alimentos y agua.
Todo es necesario. Pero falta convocar a un actor fundamental: la empresa privada. Si queremos llegar preparados, debemos utilizar la mejor capacidad de gestión, independientemente de si se encuentra en el sector público o privado. En una emergencia, lo que importa son los resultados: obras terminadas a tiempo, cauces despejados, defensas construidas y poblaciones protegidas.
¿Quién conoce mejor los ríos de la costa que los agricultores y agroexportadores que dependen de ellos? Para una empresa agrícola, el comportamiento de un río no es un asunto abstracto. Una inundación puede significar pérdidas enormes no solo para las empresas, sino para miles de familias y para la economía de toda una región.
El Perú cuenta con una herramienta para aprovechar esa capacidad de gestión: obras por impuestos (OxI). El mecanismo permite que una empresa privada financie y ejecute una obra pública y recupere la inversión mediante certificados aplicables al pago de impuestos. Es decir, el Estado no renuncia a sus recursos ni a su responsabilidad, pero aprovecha la capacidad del sector privado y con ingresos futuros, sin tocar su presupuesto.
¿Por qué no utilizarlo para la prevención frente al FEN? Los agroexportadores tienen un incentivo para participar en la limpieza y descolmatación de cauces y otras intervenciones destinadas a proteger los valles. El Estado puede reconocer las inversiones una vez ejecutadas y verificadas las obras.
Tenemos antecedentes que demuestran que la colaboración privada puede marcar una diferencia. Durante el FEN anterior, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía puso en funcionamiento decenas de motobombas en un plazo muy corto. Cuando existe capacidad de decisión y ejecución, las respuestas pueden darse con la velocidad que exige una emergencia.
Podemos utilizar OxI. Compañía de Minas Buenaventura ha ofrecido encargarse de obras de protección del cauce del río Piura, vinculadas a su proyecto El Algarrobo en Tambogrande, mediante este mecanismo. Si existen empresas dispuestas a asumir responsabilidades y ejecutar obras, corresponde al Gobierno facilitar los procedimientos.
No se trata de reemplazar al Estado por la empresa privada. Sino de conseguir que el Estado cumpla su responsabilidad utilizando los instrumentos que tiene disponibles. El Gobierno debe establecer prioridades, definir obras, fijar estándares técnicos y ejercer fiscalización. No necesariamente tiene que ejecutar directamente cada intervención. OxI ha demostrado que es posible alinear el interés público con la capacidad privada de ejecución. En circunstancias normales es una herramienta útil; frente a la amenaza de un FEN puede ser una herramienta decisiva.
Después de cada desastre solemos preguntarnos por qué no se hicieron las obras a tiempo o por qué los recursos no se utilizaron adecuadamente. Esta vez conocemos el riesgo con anticipación.
Por eso la discusión no debería ser si las obras las ejecuta el Estado o el sector privado. La pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿quién puede hacerlas bien y a tiempo? El Niño no espera. La burocracia tampoco debería hacernos esperar.
