Identificar gastos y programas inútiles o duplicados para buscar ahorros
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Me parece que en el proceso de transferencia el nuevo gobierno debería ser un poco más ambicioso que lo que ha planteado la propia Keiko Fujimori, quien ha explicado que el objetivo del mencionado proceso es “conocer con precisión la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico ministerio por ministerio para conocer el estado de los proyectos, los programas, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”. Esto para saber “con claridad dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad”.
Está bien, pero de paso debería servir también para identificar gastos y programas inútiles o redundantes o que no corresponden a un Estado subsidiario, a fin de buscar ahorros que se van a necesitar para financiar necesidades urgentes como:
- La prevención y remediación de los estragos ocasionados por El Niño
- La compra de equipos, tecnología y logística para la PNP.
- La implementación de las unidades de flagrancia a nivel nacional
- La construcción inmediata de cárceles. Y cárceles locales o distritales para los presos por flagrancia que serán condenados en menos de 72 horas
- La formalización de mineros informales: equipos a las zonas y sistema interoperable de trazabilidad.
- El plan de 100 días para el sur del Perú, que se calcula en 600 millones de soles
Buscar ahorros es una manera de iniciar la reestructuración del Estado.
Veamos algunos casos.
PRODUCE, por ejemplo, destina mucho presupuesto y consultorías a programas y subsidios para “promover” empresas, cuando la mejor manera de hacerlo es eliminar regulaciones y trabas. Hay allí mucho gasto que se podría eliminar o reducir. Por supuesto, funciones como ordenamiento pesquero y sanidad deben mantenerse.
Lo mismo en el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDADRI). Son indispensables las funciones relativas a la sanidad (SENASA) que cumple un papel fundamental en las agroexportaciones, titulación y catastro rural, información meteorológica e hidrológica o gestión del agua en cuencas, por ejemplo. Pero hay una serie de programas de asistencia técnica, capacitación, organización de productores que se superponen y que se podrían entregar al mercado: que empresas privadas se encarguen, al estilo de lo que plantea la nueva ley de promoción agraria, que crea incentivos tributarios para las agroexportadoras integren en sus cadenas de exportación a pequeños productores, o destinando algún fondo para que empresas privadas u ONG desarrollen tecnologías de riego tecnificado y otras al estilo de Sierra Productiva.
Todos esos programas y direcciones deberían cerrarse o fusionarse.
No solo eso: en MIDAGRI hay una serie de proyectos especiales que datan de los años 80 que no cumplen fin alguno y que solo perpetúan el gasto en personal que no hace nada, como el Proyecto Especial Pichis Palcazu, el Sierra Centro-Sur y otros. Deben ser cerrados. En todos los sectores hay feudos y fósiles burocráticos que cuestan y no sirven para nada.
La propia PCM se ha convertido en un depósito de organismos públicos, comisiones y secretarias que absorben el tiempo del presidente del Consejo de ministros en tareas administrativas dejándole poco espacio para la coordinación política y la vocería gubernamental. Muchas de esas entiendas podrían fusionarse o volver a los ministerios o simplemente desparecer. Y hay ministerios que también podrían fusionarse.
Y así el equipo de transferencia en cada sector debería aprovechar para examinar que programas, oficinas y gastos se duplican o son innecesarios o son transferibles al sector privado porque salen del rol subsidiario del Estado.
Si no comenzamos desde el inicio con esa mirada, nos quedaremos con un Estado paquidérmico e inútil y no podremos financiar los gastos prioritarios y que sí se requieren para que los servicios públicos funcionen y atiendan a la gente, que es lo único que importa.
Lampadia
