Janice Seinfeld
El Comercio, 7 de julio del 2026
“La verdadera reforma sanitaria comenzará cuando el Estado cambie la forma como se organiza para cuidar a cada persona como lo que es: un todo digno”.
Un niño despierta con fiebre. Su madre lo lleva al centro de salud. No encuentra médico. La derivan al hospital. Allí esperan varias horas. Le recetan un antibiótico que no está disponible. Salen con una receta en la mano y una farmacia por encontrar.
Para esta mujer, existe un solo objetivo: recuperar la salud de su pequeño. Para el Estado, en cambio, ese mismo propósito no es claro. Al contrario, es dependiente de decisiones traslapadas de distintos funcionarios de diversas instituciones. El horario de atención médica del centro de salud no se organiza en función de la demanda de las personas; el hospital que brinda la atención puede depender del gobierno regional, del Minsa o incluso de otro sector, y si el paciente no pertenece a esa red tendrá la puerta cerrada. El financiamiento puede provenir de diversas fuentes. La provisión de medicamentos sigue una cadena logística que debe cumplir normas y tiempos. La historia clínica puede no conversar con la del siguiente establecimiento de salud. El resultado es un sistema donde el paciente es uno solo, pero fragmentado por la lógica funcional del Estado. Esa es la principal reforma pendiente de la salud peruana: poner adelante, de verdad, a las personas y que ellas sientan que eso es así.
La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta abre una nueva etapa. ¿Quién liderará realmente la reforma sanitaria? Porque ningún ministro, por muy competente que sea, puede transformar por sí solo un sistema cuya gestión depende de otros ministerios, gobiernos regionales, organismos públicos y distintos prestadores que pocas veces trabajan bajo una misma lógica.
Tomemos otro ejemplo. Todos coincidimos en que el primer nivel de atención debe ser fortalecido. Allí deberían resolverse la mayoría de los problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias. Sin embargo, hoy muchos establecimientos carecen de médicos, equipamiento básico, capacidad diagnóstica elemental y medicamentos. Corregir esa situación exige mucho más que una decisión del Ministerio de Salud. Requiere un nuevo modelo de gestión transparente y predecible, presupuesto oportuno, capacidad de contratación, infraestructura flexible, conectividad, sistemas de información interoperables y una coordinación permanente con los gobiernos regionales, que administran la mayor parte de los establecimientos de salud públicos. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de medicamentos. Cuando un paciente sale de una consulta con una receta incompleta, poco le importa qué institución falló. No distingue entre procesos de compra, distribución o gestión logística. Solo sabe que tendrá que gastar de su bolsillo o interrumpir su tratamiento. Para él existe un solo Estado que no funciona y que sigue sin hacer uso de instrumentos existentes ya normados para emplear la oferta privada.
Esa capacidad de coordinación será puesta a prueba muy pronto. Los efectos más severos del fenómeno de El Niño se esperan para los primeros meses del próximo año. El incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, las dificultades de acceso a los establecimientos y la presión sobre los servicios de salud exigirán respuestas rápidas y coordinadas. Ningún ministerio podrá enfrentar solo ese desafío. Antes de ello, en octubre, el país elegirá nuevas autoridades regionales y municipales. Ese proceso también será decisivo. Los gobiernos regionales administran buena parte de la infraestructura y de los establecimientos de salud, incluyendo los hospitales de su territorio. Si la nueva administración nacional no logra construir desde el inicio una agenda común con ellos, cualquier intento de reforma tropezará con un problema de coordinación.
Por eso, quizá la primera decisión de la presidenta debería ser convertir la salud en una prioridad de todo el Gobierno. Eso significa que la PCM, el MEF, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, los gobiernos regionales y el propio Minsa trabajen con objetivos comunes, medibles y reportados a los ciudadanos. Reducir los tiempos de espera, garantizar el abastecimiento de medicamentos, lograr capacidad resolutiva para el primer nivel de atención, avanzar hacia una historia clínica interoperable, evaluar públicamente los resultados y rendir cuentas… ninguna de estas metas depende del sector Salud. Todas requieren de una burocracia que deje de trabajar por compartimentos. Por eso, la verdadera reforma sanitaria comenzará cuando el Estado cambie la forma como se organiza para cuidar a cada persona como lo que es: un todo digno que debemos proteger en su integridad y dignidad.
