Jaime de Althaus
El Comercio, 20 de junio del 2026
“Un gobierno de Keiko Fujimori deberá buscar un entendimiento para encontrar fórmulas que combinen mayor protección efectiva a los trabajadores con mayor flexibilidad para el mercado laboral”.
Hay un antifujimorismo redivivo estos días que ve en el triunfo de Keiko Fujimori el retorno de los noventa. Es una alucinación, pero se origina en el recuerdo de los abusos autoritarios de Alberto Fujimori cuando sometió a los poderes constitucionales y compró la prensa para asegurar su segunda reelección. Este antifujimorismo le adjudica a Keiko un gen autoritario que la llevaría a implantar una dictadura, pese a que ella se opuso a Montesinos, formó un partido político a diferencia de su padre y las condiciones son totalmente diferentes a los noventa. Y está detrás de la narrativa de que ejerce una dictadura parlamentaria desde la que controla todos los poderes.
Este antifujimorismo desaparecerá por inanición en la medida en que Keiko Fujimori cumpla su compromiso de respetar las instituciones y entregar el poder el 2031. Ella querrá reparar el legado autoritario y reconciliar al fujimorismo con la democracia.
Un segundo antifujimorismo es el que vino de partidos de izquierda marxista ambivalentes frente al senderismo, que consideraban que la vía de la lucha armada era correcta, pero no era el momento. Ese grupo estuvo en el origen de la demonización de Fujimori como violador de derechos humanos. Aprodeh y el IDL, por ejemplo, convirtieron las horrendas matanzas ocasionadas por el Grupo Colina en el símbolo de la perversidad de la lucha antiterrorista de Fujimori, y lograron condenarlo a 25 años, pese a que la estrategia que derrotó a Sendero no se basó en exterminios masivos como en los ochenta, sino en una alianza con las comunidades, en inteligencia policial para capturar –no desaparecer– a las cúpulas y en la conducción política presidencial en el campo. Una estrategia exitosa que el país no ha podido convertir en orgullo nacional precisamente por la demonización de Fujimori. Los textos escolares deberían contarla para que el Perú pueda capitalizarla.
Esos textos también deberían contar la historia de cómo el cambio de modelo económico y la liberalización de la economía permitieron un gran crecimiento que redujo la pobreza de 60% a 20% en el 2019. Ese fue un logro histórico que los peruanos no han interiorizado ni han convertido tampoco en orgullo nacional, y por eso tenemos cada cinco años la amenaza del retroceso a un socialismo arcaico.
Lo que de paso podría servir para poner fin al tercer antifujimorismo, aquel originado en el sindicalismo de la CGTP, empoderado por Velasco en estructuras empresariales y estatales que fueron luego barridas por las privatizaciones y las reformas liberales, y que no le perdona a Fujimori haber perdido el poder que tenía. Pero era un poder artificial, tan artificial como la industria protegida y las empresas estatales deficitarias. No obstante, construyó el mito de que las reformas “neoliberales” habían precarizado el empleo, pese a que en los noventa se incrementaron los beneficios sociales de los trabajadores. Un gobierno de Keiko Fujimori deberá buscar un entendimiento para encontrar fórmulas que combinen mayor protección efectiva a los trabajadores con mayor flexibilidad para el mercado laboral. Con ello habría mucha más inversión y empleo formal y remuneraciones más altas. Y la CGTP tendría más poder porque contaría con una base sindical más amplia. Se resolvería la contradicción y moriría así también el antifujimorismo sindical.
Amén.
