Jaime de Althaus
El Comercio, 13 de junio del 2026
“El anuncio y ejecución de un plan específico para el sur, con la conducción directa y personal en el terreno de la presidenta, tendría un impacto muy favorable”.
La casi segura elección de Keiko Fujimori rompe el veto antifujimorista e inicia una nueva era en la que el país podrá dejar atrás por fin esa polarización tan dañina. Esto en la medida en que ella cumpla con su compromiso de respetar la división de poderes y la institucionalidad, y entregue el poder el 2031, lo que dejaría sin piso la narrativa que le atribuye un autoritarismo genético. Va a ocurrir así porque su cometido es saldar la deuda de su padre con la democracia, reparar el legado autoritario y respetar la Constitución gestada en los noventa.
Pero mientras tanto y al principio habrá resistencia por el engañoso resultado del conteo rápido que le sirve de pretexto a los perdedores para alegar fraude, y por el antifujimorismo que aún existe y que se ha expresado en la elevada votación por Roberto Sánchez, sobre todo en el sur. Será muy importante, entonces, la convocatoria que ella siga haciendo a la unidad nacional y a sentarse con todos, incluido Roberto Sánchez, para buscar consensos.
En realidad, el país tiene ahora la gran oportunidad de iniciar un ciclo largo de estabilidad política y de muy alto crecimiento con acelerada reducción de la pobreza, para lo cual se requiere ejecutar las reformas de segunda generación que quedaron pendientes luego de los noventa y que apuntan a construir un Estado meritocrático y digitalizado con servicios de salud, educación y justicia que atiendan eficientemente a la gente y capaz de combatir la criminalidad, y que apuntan al mismo tiempo a una formalidad inclusiva, desregulada, que permita el crecimiento de los emprendimientos y la expansión acelerada de la inversión privada y el trabajo formal, con derechos.
Son reformas que pueden generar resistencias en la burocracia estatal y en sindicatos que suelen ser clientela política de las izquierdas. Se requerirá de liderazgo y acuerdos políticos y sociales, y de la presión de la opinión pública para que se ejecuten. Se trata de poner a los ciudadanos por delante. Importa que el servicio público de salud, por ejemplo, atienda a las personas. Ese es el objetivo con el que nadie puede estar en desacuerdo. Para alcanzarlo debe reformarse profundamente el sistema introduciendo meritocracia, competencia y formas de gestión público-privadas.
Eso es esencial, además, para reparar la relación con el sur del país, cuya población tiene que percibir que los servicios públicos funcionan, atienden y lo hacen sin corrupción. Es la manera, de paso, de empezar a resolver la disonancia ideológica entre una población sociológicamente capitalista y electoralmente de izquierda, algo que requerirá, para hacer clic, de un esfuerzo concurrente en el campo de la batalla de las ideas.
El anuncio y ejecución de un plan específico para el sur, con la conducción directa y personal en el terreno de la presidenta, tendría un impacto muy favorable. Para ello, sin embargo, la población aimara de Puno tiene que empezar por aceptar los resultados electorales, y eso comienza con una declaración de Roberto Sánchez en ese mismo sentido, que aún no se ha dado.
Se abre una gran oportunidad para el país si la polarización cede a la colaboración.
