Jaime de Althaus
El Comercio, 16 de mayo del 2026
“La bancada de Fuerza Popular ha participado en algunas decisiones muy criticables, sí, pero Keiko Fujimori no es su padre”.
Keiko Fujimori debe ser un genio de la política. Resulta que con solo 20 congresistas ha logrado llevar de las narices a los 110 restantes para acumular poder al punto de controlar todas las instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta la Junta Nacional de Justicia, pasando por la Defensoría del Pueblo. Entonces, si resulta elegida, tendrá ya el poder absoluto y se perpetuará en él ‘sine die’.
Como vemos, la narrativa antifujimorista está más viva y creativa que nunca. Pero el motor de esa creatividad está en una pérdida: la izquierda “progresista” ha perdido posiciones en varias instituciones. Hay algo de despecho entonces, que ve dictadura en todas partes.
Es inútil explicar que en una democracia las autoridades elegidas por el Congreso dependen de las mayorías existentes. El Tribunal Constitucional anterior tenía una mayoría de izquierda reflejando la correlación de fuerzas congresales de ese momento. Eso ocurre, por ejemplo, con la Corte Suprema en Estados Unidos, y a nadie se le ocurriría decir que hay una dictadura congresal o partidaria a causa de ello. De otro lado, no es el Congreso, sino una comisión especial en la que participan diversas autoridades y rectores de universidades públicas y privadas, la que elige a la Junta Nacional de Justicia. Ver la mano de Keiko detrás de esas designaciones es alucinatorio. El defensor del Pueblo, por su parte, es alguien vinculado a Perú Libre.
Lo que sí es cierto es que Keiko Fujimori fue víctima de un terrible abuso judicial que la encerró en la cárcel casi dos años por algo que no era delito. Ella y otros líderes políticos. El Ministerio Público se convirtió en un instrumento de persecución política, algo aberrante en una democracia. Los autocalificados defensores de la democracia jamás denunciaron esos abusos. En realidad, fueron ellos quienes los alentaron.
No solo eso. Ahora sostienen, en otra demostración de creatividad narrativa, que la prueba de que el TC depende de Keiko Fujimori es la sentencia que archivó el Caso Cocteles. No les interesa que se haya reparado una injusticia monumental. O no les parece una injusticia. Argumentan que esa sentencia es inconstitucional porque, según la Carta Magna, “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”, olvidando la garantía constitucional del hábeas corpus, “que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual […]” y, sobre todo, que el TC estimó un hábeas corpus contra un pronunciamiento firme, de segunda instancia, que desestimó la excepción de improcedencia de la acción.
La bancada de Fuerza Popular ha participado en algunas decisiones muy criticables, sí, como la inhabilitación de Zoraida Ávalos, por ejemplo, pero Keiko Fujimori no es su padre, cuyo partido político eran los militares con Vladimiro Montesinos como secretario general. Keiko ha formado con gran esfuerzo un partido político en una democracia sin partidos como la llamó Martín Tanaka. Impulsó la bicameralidad, que fortalece los controles horizontales y mejora la calidad de las leyes. Ha hecho entonces aportes concretos a la democracia peruana.
Lo que claramente no han hecho quienes la maldicen.
