La victoria de los antimineros de Cajamarca tendrá consecuencias funestas para el país. En un caso relevante, la mayor inversión en la historia del Perú, ha quedado demostrado que un grupo de líderes radicales puede mentir y engañar impunemente sin ser refutado y, propiciando acciones violentas con un saldo de muertos y heridos, puede salirse con la suya.
Sin duda habrá imitadores en todo el país.
¿No hay efecto dominó?
El ministro de Economía, Miguel Castilla, se ha apresurado a intentar tranquilizar a los inversionistas. Ha dicho que la suspensión del proyecto minero Conga no traerá un efecto dominó y que las inversiones mineras continuarán. Es natural que trate de sosegar los temores, es su función.
Pero eso es solo parcialmente cierto. Es verdad que la victoria antiminera en Cajamarca no significa el fin de las inversiones mineras en el país, pero es obvio que ahora las empresas lo pensarán dos veces antes de emprender nuevos proyectos en el
Perú. Y que los ya existentes serán asediados con más virulencia que antes.
El asunto es que la mala señal que ha dado el gobierno propiciará un incremento de la conflictividad y de la violencia en todos los sectores, no solo en minería.
Ejemplos recientes son lo sucedido en el Monzón (Alto Huallaga, Huánuco) y Jauja (Junín). Cocaleros que producen para el narcotráfico atacaron a los erradicadores del Ministerio del Interior, dos muertos, varios heridos y, muy probablemente, fin de los intentos del gobierno en esa zona. Y pobladores que no quieren la construcción de otro aeropuerto bloquean impunemente una carretera principal, un muerto, varios heridos y una mesa de diálogo en el horizonte.
El maquillaje no funciona
El nuevo equipo que encabeza Juan Jiménez se inauguró como el “gabinete del diálogo” y su primera medida fue desaparecer la Oficina de Conflictos Sociales y crear una Oficina de Diálogo. Probablemente creían que bastaba con declaraciones, nuevas etiquetas y buenas intenciones para cambiar la realidad.
El flamante ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a pocos días de instalado declaró que su objetivo y el del gobierno era que “no haya más muertos en conflictos sociales” (La República, 29.7.12). Una afirmación tan ingenua como la del ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, quien sostuvo que en el gobierno de Ollanta Humala no habría muertos en conflictos sociales (5.9.11).
A la fecha, suman ya 24 los fallecidos en conflictos sociales desde el inicio de este gobierno. Y nada indica que esta macabra contabilidad vaya a detenerse.
Las razones son varias. Primero, el gobierno de Humala no tenía idea de cómo enfrentar los conflictos y, un año después, parece que no ha aprendido nada. Segundo, la tan cacareada prevención no existe en absoluto. Paradójicamente el nuevo jefe de la Oficina de Diálogo es un ex presidente regional de Junín y la protesta de Jauja estalló sin que nadie la previniera.
Tercero, en casi todos los casos el gobierno ha sido derrotado y ha cedido ante los que protestan.
Adicionalmente, no hay un solo responsable de hechos violentos a quien se le haya aplicado la ley. En consecuencia, la impunidad alienta la violencia como camino para obtener lo que se quiere.
Cuarto, no existe trabajo y operación política para encarar las demandas. El partido de gobierno solo existe para ocupar cargos públicos y hacer negocios. Y el gobierno como tal no hace nada.
Quinto, las fuerzas del orden, que son las que tienen que asumir la responsabilidad al final, carecen de mandos competentes, del equipamiento indispensable y de entrenamiento adecuado.
Acomodacionismo
Pero los conflictos no son el único campo en que se muestra la improvisación e incompetencia del gobierno. El reciente papelón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una muestra de ello.
El gobierno tiene hasta ahora una sólida mayoría en el Congreso, obtenida gracias al apoyo de las bancadas de Alejandro Toledo y Luis Castañeda, y por la adquisición, a precio de ganga, de los favores de varios parlamentarios. Así logra facultades delegadas cuando se le antoja, aprobación de leyes ampliamente rechazadas y nada de fiscalización.
No obstante, el rechazo a medidas del gobierno va creciendo. Un ejemplo reciente es el proyecto sobre el negacionismo, objetado casi unánimemente.
Adicionalmente, este y otros casos han despintado casi completamente al jefe del gabinete, respecto al cual había algunas expectativas. No solo Isaac Humala lo criticó por asumir posturas contradictorias para agradar a la pareja presidencial. También Salomón Lerner Febres le recordó su brusco cambio acerca de la Comisión de la Verdad (CVR). Y Carlos Basombrío ha definido su comportamiento con un lapidario neologismo: “Acomodacionismo: actitud de quien busca obtener o preservar un cargo público haciendo de megáfono de lo que piensa el poderoso de turno”.
En conclusión, Humala y el gabinete carecen del liderazgo que se necesita para los tiempos difíciles que se vienen.
